Juchitán, Oax.

Ante el relator de la ONU Michel Forst, defensoras de comunidades indígenas de Juchitán y Unión Hidalgo presentaron casos de violación a sus derechos y alertaron sobre el incremento de riesgos ante la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec.

En los municipios de Juchitán, Ingenio Santo Domingo, Ixtaltepec, Unión Hidalgo y El Espinal hay 21 parques eólicos con un total de mil 608 aerogeneradores instalados y una inversión de 4 mil 318 millones de dólares que ha puesto al estado como uno de los mayores complejos de energía renovable en el continente.

Las mujeres hicieron un llamado al relator para que en su informe evidencie la situación de riesgo en que están los defensores comunitarios, por el aumento de las violaciones a sus derechos, en particular el de consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como a la falta de cumplimiento de las autoridades para garantizar su protección.

Se indicó que por la puesta en marcha de la reforma energética, el gobierno mexicano aplicó en Juchitán la primera consulta indígena para la construcción del parque de la empresa Eólica del Sur, sin embargo, no fue consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada ni de buena fe.

Durante ese proceso (de noviembre de 2014 a julio de 2015), una misión de observadores detectó el incumplimiento de los principios básicos establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expuso que la consulta no fue previa, pues desde enero de 2014 la Secretaría de Energía ya había concedido un permiso de generación de energía a la empresa, que además ya contaba con una autorización de manifestación de impacto ambiental.

En ningún momento la consulta fue culturalmente adecuada porque no se respetaron los usos y costumbres, como la lengua zapoteca; no se tomó en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje técnico en exceso.

Tampoco se cumplió con el estándar de una consulta libre pues se presentaron más de 30 incidentes de seguridad en todo el proceso, la mayoría contra quienes cuestionaron el proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta, agregó Isabel Jiménez.

Guadalupe Ramírez, del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico en Unión Hidalgo, recordó que las y los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo firmaron contratos de arrendamiento con Desarrollos Eólicos de México, SA de CV, filial de la española Renovalia Energy.

Dijo que han sido víctimas de intimidaciones, les han obstruido los caminos a sus tierras de cultivo y éstas han sido contaminadas por el aceite vertido por los aerogeneradores, lo que derivó en la disminución de la productividad y afectó la economía local. Recordó que en 2012 hubo detenciones arbitrarias contra cinco posesionarios de tierras y miembros del comité por policías estatales.

La visita del relator cerrará con una conferencia de prensa para presentar su informe preliminar, que incluirá recomendaciones sobre las visitas que realiza a los estados de México, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.