San Miguel de Allende, Gto.

Por tercera vez en esta semana, habitantes que exigen la liberación del velador Antonio Luna Hernández, acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de matar a sus tres hijos e intentar asesinar a su esposa, protestaron durante el desfile para conmemorar el natalicio de Ignacio Allende.

Los manifestantes, que portaban pancartas con la leyenda Mateo, Adrián, Juan. No más sangre, vestidos con playeras blancas y sujetando globos blancos, fueron escoltados por policías municipales que trataron de evitar que la movilización pasara frente a la antigua presidencia municipal.

Un hombre sugirió a los inconformes exigir la renuncia del secretario de seguridad pública municipal, Ricardo Benavidez, pero fue excluido de la protesta; y cuando los policías intentaron impedirles el paso, los inconformes gritaron en medio de empujones: ¡No más violencia! y ¡Justicia!.

Teníamos niños y la policía nos acorraló, todos somos ciudadanos, exclamaron mujeres cuando la manifestación llegó frente el ex palacio municipal, donde el himno nacional fue entonado y el grito de justicia se mezcló con el sonido de las bandas de guerra.

Hincados, con las manos en alto, los inconformes recriminaban a los uniformados si otra vez los iban a golpear, pero el alcalde panista de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal García, salió de la ex presidencia municipal y se dirigió hacia la familia de Antonio, que presenciaba el desfile.

Claudia Luna Hernández, hermana de Antonio, y el edil, se acercaron. Soy hermana de Antonio, por favor cálmense, quiero hablar, gracias a ustedes nos escucharon, ya no quiero exponer a nadie, a sus niños, externó Claudia en medio del bullicio y se desmayó. Un policía la sujetó.

¿Vieron lo que acaban de hacer? ¡qué vergüenza que no respeten a una familia dolida! San Miguel está de luto, estamos tristes, se aprovechan para desestabilizar al municipio. Muchos están pagados, ligados al PRI, PT, Morena, fustigó Villarreal García.

Acusó al ex alcalde priísta Mauricio Trejo Pureco de pagar a personas ajenas para manifestarse. Quien viole la ley tendrá que sufrir las consecuencias. Esa gente no tiene madre, advirtió, mientras algunos participantes en la marcha negaron estar pagados, pues lo único que piden es justicia para Antonio.

Después de que el velador Luna Hernández fue vinculado a proceso penal el viernes, el titular de la PGJE, Carlos Zamarripa Aguirre, afirmó que el trabajador disparó en la cabeza y mató a sus hijos de 11, ocho y cuatro años.

Dijo que solicitaron que Antonio esté en prisión preventiva el tiempo que dure el juicio por el asesinato de los menores y por la tentativa de homicidio en agravio de su cónyuge, Juana Antonia Luna Chávez. Cada menor tenía un impacto de arma de fuego, esto está acreditado, cada uno con la misma arma, afirmó.

Respecto de que Luna Chávez desmiente la versión oficial, Zamarripa Aguirre consideró que es un ejercicio del derecho y dentro de las pruebas que ofreció la defensa: jamás en la parte formal nunca se mencionó el testimonio de la señora.

–¿Torturaron a Antonio?

–Esta persona se ha intentado dañar en diversas ocasiones, incluso delante del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los visitadores han constatado este daño, incluso cuando ha querido lesionarse con la pluma que le proporcionan para firmar documentos.

Zamarripa reiteró que la madrugada del sábado 14 de enero recibieron un reporte en la línea de denuncias anónimas que había un grupo armado haciendo detonaciones de armas de fuego en una finca de la comunidad Ampliación de Cieneguita.

Aclaró que el asesinato de los niños no tiene relación con el enfrentamiento que tuvo la policía ministerial con el grupo armado, que habitaba en una parte de la finca que cuidaba Antonio.

Es un solo inmueble, pero hay diversas construcciones, en el salón fue donde se emitieron disparos contra los elementos. También hubo disparos en otra finca, en el mismo terreno, del mismo dueño, refirió.

El funcionario agregó que la PGJE aseguró armas largas, casquillos percutidos de AK-47 y de diversos calibres y el dueño de la finca ya es investigado por el Ministerio Público.