La diputada constituyente de Encuentro Social, Aída Arregui Guerrero, fue exculpada de violar la ley por haber sido ministra de culto de la asociación religiosa Comunidad Cristiana Río Poderoso.

Los tres integrantes de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) argumentaron que en la ley se prohibió la postulación de ministros de culto religioso en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero sin fijar una temporalidad de separación.

La mencionada diputada se registró como candidata el 10 de abril de 2016, pero cinco meses antes se dio de baja como ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación, según el expediente del INE.

Arregui ingresó la notificación el 9 de noviembre de 2015 y dicha dependencia tomó nota el 3 de diciembre.

El año pasado Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena, denunció a Arregui Guerrero de haber violado el artículo 130 constitucional y el principio de separación Iglesia-Estado al supuestamente ser ministro de culto el día de su registro.

En su sesión del viernes, los consejeros no debatieron el proyecto y sólo votaron por declararlo infundado tras considerar que no se transgredió alguna norma.

Descartaron poder aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo 14 obliga a un ministro de culto a separarse cinco años antes del día de la elección para ocupar un puesto de elección popular.

Desde su perspectiva, el decreto que dio vida a la Asamblea Constituyente capitalina es legal, específico y exclusivo para dicha elección.

Y el hecho de que la diputada sea secretaria del comité nacional de esa Iglesia tampoco es impedimento legal ni constitucional para contender o ejercer un cargo público, pues no es propiamente ministro de culto, concluyeron.

Dijeron que las pruebas presentadas como copias de tuits y mensajes en Facebook, donde la llaman pastora y videos sin fecha, no fueron suficientes para penalizarla. Sin embargo, los consejeros propondrán al Consejo General –que discutirá el tema la próxima semana– dar vista a la Procuraduría General de la República y a Gobernación para hacer su propia indagación.