Por un voto de diferencia, la ciudadanización de la función judicial en la capital obtuvo mayoría suficiente en el pleno de la Asamblea Constituyente y quedó establecida en la carta magna.

Para algunos legisladores la creación del Consejo Judicial Ciudadano permitirá romper las élites del poder y el autogobierno de jueces y magistrados, que han propiciado la corrupción y la inequidad en la impartición de justicia.

Los diputados de PRI, PVEM, PES, Panal y algunos del PAN sumaron, con los designados por el Ejecutivo federal, 29 votos en contra, frente a 60 a favor de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y los nombrados por el jefe de Gobierno capitalino y parte de los legisladores del blanquiazul, con lo que obtuvo mayoría calificada la creación del organismo, el cual intervendrá en la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura y el Fiscal General de Justicia.

La diputada Ana Laura Magaloni, del grupo Constitucionalista, designada por el Ejecutivo local, sostuvo, al defender en tribuna el dictamen, que en sus estudios sobre corrupción todos los abogados coinciden en que la pieza central se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, y que tiene entre sus atribuciones la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados.

En la discusión del dictamen relativo al Poder Judicial y órganos autónomos se aprobó además la creación de una sala constitucional, que contará con jueces de tutela encargados de garantizar la exigibilidad de los derechos de los capitalinos.

En los artículos aprobados se limita a un año la duración del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin posibilidad de relección, y le impide presidir en forma simultánea el Consejo de la Judicatura, como ocurre actualmente.

Por la noche, se aprobó la figura de Fiscal General de Justicia, el cual sustituye al actual procurador, y dota al organismo de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que participa también el Consejo Judicial Ciudadano en su designación.

Por otra parte, al concluir ayer el proceso de consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre el dictamen del proyecto de constitución local, se recibieron 938 actas de asamblea, de las cuales en solamente dos se pronunciaron en contra del documento.

El presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios, Jesús Ramírez, indicó que están en análisis las propuestas y el órgano dictaminador sesionará el lunes para incorporarlas al dictamen que entregará el martes a la mesa directiva, en un acto previsto en la plaza Manuel Tolsá, con la presencia de representantes de pueblos, barrios y comunidades.

Explicó que muchas de estas actas no contienen temas para incorporar al dictamen, sino propuestas de programas y leyes secundarias, así como denuncias de conflictos de agua o despojos; no obstante, se dará respuesta a todos, por un acuerdo con el gobierno central y la Secretaría de Desarrollo Rural para darles cauce en las instancias que correspondan.