Familiares de miles de desaparecidos en el país entregaron ayer a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo una propuesta de la sociedad civil para la elaboración de la ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares.

Acompañados por representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, solicitaron a funcionarios y legisladores escuchar, analizar sus planteamientos e incorporarlos en la elaboración de dicha norma.

Exigimos que la ley de desapariciones sea por, con y para las familias. Porque somos nosotros los que hemos caminado y los que mediante el dolor hemos adquirido experiencia.

Al recibir el documento, en un acto realizado en el Museo de la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, manifestó el compromiso del gobierno federal de tomar en cuenta la propuesta, que se incluirá en la iniciativa que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, enviará al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones.

Estamos obligados a que en la elaboración de una iniciativa se escuche a académicos y expertos, pero en este caso no tenemos derecho a no incorporar sus experiencias y propuestas (de los familiares), dijo Campa.

Más tarde, en entrevista, manifestó su confianza en que durante el proceso legislativo para aprobar la ley sean consideradas las propuestas de los familiares.

El documento –que también se entregó de manera formal al Senado de la República– destaca tres puntos: tipificación clara del delito, que permita a los jueces dictar sentencias de acuerdo con la gravedad del mismo; emprender acciones de búsqueda en vida de los desaparecidos, a partir de un sistema nacional de búsqueda que integre diferentes mecanismos, entre ellos el registro único de personas desaparecidas, y atención a víctimas y familiares de desaparición, que incluya, entre otros aspectos, la reparación integral del daño.

En el acto estuvo presente Carlos Beristáin, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, quien subrayó que la experiencia internacional muestra que la búsqueda de desaparecidos y la atención a este delito funciona mejor cuando existe articulación entre las víctimas y el Estado.

También acudieron a la entrega del documento el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, y el dirigente del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia.

Más de 70 organizaciones civiles exigieron participar en la elaboración de la iniciativa. En un documento difundido por la diócesis de Saltillo señalan: sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, pero confiamos en que dicha norma dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

Al recibir la iniciativa y luego de escuchar a las organizaciones civiles, el presidente del Senado, Roberto Gil, aseveró: tienen mucha razón en la desconfianza que manifiestan. El Estado mexicano les ha fallado; les hemos fallado porque no hemos logrado construir instrumentos legislativos potentes para buscar y encontrar a cada uno de sus familiares.

El senador panista prometió que la propuesta será considerada cuando se discuta la ley y sostuvo que la doble victimización que han sufrido debe tener un alto, debe tener un hasta aquí, porque no han encontrado a sus familiares y no hay acceso a la justicia.