La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobará el próximo martes una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con el propósito de instituir el 26 de septiembre como Día nacional contra la desaparición forzada. En esa fecha se izará la bandera a media asta en edificios y plazas públicas.

Por iniciativa de los grupos parlamentarios de PAN y Morena, la iniciativa de ley por la cual se conmemorará la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, sería aprobada este jueves, pero optaron por diferir la votación para el martes con la finalidad de consensuar un título para ese día.

Así, la Cámara de Diputados aprobará su primer trabajo legislativo, que coincide con la presentación del informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que propone nuevas líneas de investigación sobre la tragedia.

César Camacho Quiroz, presidente de la junta, anunció que los grupos parlamentarios representados en San Lázaro aceptaron la propuesta de su partido (PRI) de reducir 50 por ciento los recursos disponibles para los órganos de gobierno de la Cámara, la Junta de Coordinación Política, el comité de administración y la mesa directiva.

Así, de septiembre a diciembre la Cámara de Diputados ahorrará 58.8 millones de pesos por gastos de operación de sus órganos de gobierno.

Durante los tres años la 63 Legislatura se prevé un ahorro de 500 millones de pesos.

Durante la reunión en la Junta de Coordinación Política, el grupo de Morena propuso que esos recursos (500 millones de pesos) se destinen a actividades educativas. Los integrantes del órgano de gobierno aceptaron la propuesta y corresponderá a la Secretaría de Hacienda disponer de esos fondos para destinarlos al rubro educativo.

Camacho Quiroz expuso que este jueves, durante la sesión ordinaria, cada grupo parlamentario fijará su posición acerca del informe de los expertos de la CIDH, que ha sido compartido por el gobierno federal. “Se ha recibido con sentido de responsabilidad a efecto de enriquecer la investigación, que se mantenga abierta y esté en curso.

Tenemos como punto de convergencia el deseo vehemente de que la investigación, técnicamente rigurosa, respetuosa de los derechos de las personas, pueda desembocar en la obtención de evidencias suficientes que, llevadas a la consideración de un juez, imparta justicia con recto juicio y que se evite la impunidad, que lastima a las familias, a las instituciones y a la convivencia social, y afecta el estado de derecho.