yer, al hablar sobre el paquete económico para 2016 presentado por su gobierno a la Cámara de Diputados –integrado por la iniciativa de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica–, el presidente Enrique Peña Nieto calificó dicha propuesta de realista y responsable, y sostuvo que a pesar de la preocupante coyuntura económica vemos indicadores alentadores en la economía.

Ciertamente, el presente ciclo de desaceleración económica planetaria y los efectos particularmente adversos que este tipo de escenarios suelen tener en economías pobres, periféricas y dependientes, como la mexicana, hacen necesario que los gobiernos realicen ajustes al gasto público con el fin de convertirlo en un instrumento de reactivación, generación de empleos e infraestructura y, en general, para garantizar la atención de las necesidades básicas de la población.

No queda claro que el paquete económico presentado por el Ejecutivo a San Lázaro el pasado martes cumpla con esas características; hay, en cambio, elementos para pensar que ese conjunto de directrices fiscales y económicas podría agudizar las tendencias recesivas por las que atraviesa la economía nacional.

Un ejemplo claro es la aplicación del llamado presupuesto base cero, que obliga a evaluar y justificar el monto y la necesidad de cada programa público y que, en el caso comentado, se acompaña de la propuesta de reducción de 26 por ciento en el número de programas bajo control del gobierno federal. En el marco de una administración que destina siete de cada 10 pesos del presupuesto para gasto corriente (esto es, para el pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos), la aplicación del referido principio afectaría principalmente los recursos gubernamentales dirigidos hacia fuera del aparato burocrático; sería particularmente preocupante que ello implicara la afectación de programas sociales, educativos o de infraestructura, no sólo porque se agregarían con ello lastres adicionales a la economía, sino también porque podría agravar los rezagos sociales de la desigualdad, la pobreza y la marginación, y elevar así los riesgos de ingobernabilidad.

Por otro lado, es preocupante el anuncio realizado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se prevé el recorte de unas 15 mil plazas en la administración pública, ya que dicha medida –que afectaría previsiblemente al personal de base y operativo– augura un incremento en las filas del desempleo.

Si lo que se quiere es refrendar un compromiso con la austeridad, se tendría que empezar por revisar y ajustar a la baja las percepciones y prestaciones de los mandos superiores en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, medida de obvia necesidad que, sin embargo, no ha sido explícitamente incluida en el paquete económico en discusión.

Más aún: la presente circunstancia económica nacional e internacional debería llevar al Ejecutivo y al Legislativo a ir más allá de un simple proceso de recortes, ajustes y reasignaciones del Presupuesto de Egresos y abandonar el modelo económico neoliberal adoptado desde la administración de Carlos Salinas y continuado en los sexenios sucesivos, incluido el actual, porque su aplicación ha conllevado la contención de los salarios, la reducción sostenida de los mecanismos de bienestar y movilidad sociales, el abandono del campo y la continuación de las privatizaciones injustificables. Si las instancias legislativa y ejecutiva no actúan en este sentido podrían incrementarse los riesgos de una recesión declarada y de una severa escalada del desasosiego popular.