En los centros penitenciarios del país hay violación recurrente a los derechos humanos de los internos.

Condiciones que favorecen la violencia, hacinamiento y sobrepoblación, falta de acceso a servicios de salud, riesgos para garantizar el trato digno a los reclusos, insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas; carencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria son algunas de las deficiencias detectadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su reciente diagnóstico sobre los reclusorios.

Ayer, el organismo que preside el ombudsman Luis Raúl González Pérez dio a conocer el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, en el que presenta un análisis y el balance de la situación que viven las personas recluidas en cárceles federales, estatales y militares.

El estudio se realizó en una muestra de los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país –varoniles, mixtos y femeniles–, cuya población, al 31 de diciembre del año pasado, era de 195 mil 329 internos. También se visitaron 20 prisiones federales y algunas militares.

Consultar el diagnóstico.

La CNDH encontró que la violencia en los reclusorios se relaciona con diversos factores derivados de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, y con las deficientes acciones para prevenir incidentes de este tipo. Del primero de enero al 31 de diciembre de 2014 ocurrieron mil 737 casos de violencia: 993 en centros estatales, 740 en los federales y cuatro en prisiones militares.

Se detectó que en 19 de los 20 centros federales no hay personal suficiente para garantizar la seguridad interna, situación que la CNDH calificó de grave.

Otro tema relevante de incidencia frecuente está relacionado con la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así como educativas y deportivas. Esta situación se detectó en 75 por ciento de los penales analizados.

También existen situaciones de riesgo para garantizar trato digno a los internos durante su ingreso y estancia. En 13 cárceles federales hay reclusos que permanecen casi 20 horas en su celda de manera cotidiana. Además, en 15 se detectó gran número de casos en que los reclusos son internados en penitenciarías lejos de sus domicilios, lo que provoca deficiencias en la vinculación con el exterior, dadas las escasas oportunidades para recibir visitas.

En la mayoría de las cárceles estatales el equipo de la CNDH detectó gran deficiencia para la realización de actividades laborales, educativas y deportivas, al igual que falta de capacitación para el trabajo. Además, existen sobrepoblación y hacinamiento, deficiencias en la clasificación de procesados y sentenciados, e insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

En 81 de los 130 reclusorios visitados hay áreas de privilegios para algunos internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población.

En la imposición de sanciones, se observó que en 85 cárceles estatales no se respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza la certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción, ésta no se apega a condiciones de vida digna.

En un centenar de penales se detectaron carencias en las áreas que conforman las instalaciones y no reúnen las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos, así como dormitorios con deficiencias materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario.

También se ve vulnerado el derecho a la salud de los prisioneros, pues en 54 cárceles estatales se observaron deficiencias en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, material de curación e instrumental, así como de personal para atenderlos, lo que es particularmente grave tratándose de mujeres.

En cuanto a las prisiones militares, el problema más recurrente que se observó fue la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, lo cual, de acuerdo con la CNDH, dificulta la adecuada reinserción social.