Los procuradores de Justicia de todo el país aprobaron este miércoles la aplicación de reglas homologadas para investigar a funcionarios, militares y/o civiles que sean responsables del delito de desaparición forzada o que incurran en actos de tortura, a fin de aplicar en todas las entidades los mismos procedimientos y metodología de investigación; además, acordaron construir un método único de capacitación en el manejo y operación del nuevo sistema de justicia penal para peritos, agentes del Ministerio Público y policías.

Al mediodía, durante la ceremonia de apertura de la 33 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, efectuada en la ciudad de México, la procuradora general de la República, Arely Gómez, dio los pormenores de lo que ya se conoce como protocolos homologados para la investigación de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, así como el correspondiente a la investigación del delito de desaparición forzada de personas.

La titular de la PGR admitió que la desaparición forzada de personas y la tortura ‘‘son los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana por las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican’’.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, la funcionaria anticipó la aprobación de herramientas que contribuirán ‘‘significativamente’’ a precisar la investigación contra tales ilícitos.

Para diseñar los nuevos protocolos, apuntó, la PGR realizó una amplia consulta en la cual se escucharon los planteamientos y propuestas de las instituciones del Estado, especialistas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y conformar así ‘‘instrumentos apegados a los más altos estándares internacionales’’.

Permitirán además –sin distingo de competencia local o federal– ‘‘investigaciones eficaces en casos de desaparición forzada y de tortura, así como la localización de víctimas y de mayores sanciones a los responsables’’.

Defendió también el nuevo sistema de justicia penal oral, porque responde a un verdadero sistema de seguridad pública cercano a la justicia cotidiana y al gobierno abierto, ‘‘donde los derechos humanos son la constante para proteger a las víctimas y donde la ley se debe aplicar con toda la fuerza para reducir al mínimo los márgenes de impunidad’’.

Desde su perspectiva, no obstante registrarse abusos a los derechos humanos, ‘‘éstos deben encontrar una respuesta pronta y exacta de cada una de las instancias del Estado’’, pues el apremio de la sociedad por justicia ‘‘no admite dilación’’.

En el mismo acto informó de la instrumentación de una red de analistas de información criminal, resultado del enlace y coordinación de la Agencia de Investigación Criminal con todas las procuradurías del país.

Más tarde, durante la sesión plenaria en la que participaron fiscales y procuradores de toda la República, hubo una serie de charlas entre subprocuradores de la Procuraduría General de la República y otros funcionarios federales con los responsables de la procuración de justicia de los estados, en las que se trazaron las líneas para trabajar de manera coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Un tema que generó polémica fue la propuesta que en el acto inaugural planteó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, respecto de que la Federación y los estados alcancen un acuerdo para adoptar la llamada ley de enjuiciamiento nacional de la parte general de los códigos penales.

Mancera consideró que si se homologan todas las disposiciones de la parte general de los códigos penales, a fin de crear una especie de código nacional para el enjuiciamiento de personas imputadas, sería más efectivo el trabajo de los agentes del Ministerio Público.

Los códigos penales contienen reglas para la aplicación de la teoría de tentativa de delito, de la autoría y participación de delincuentes, la aplicación de penas y/o medidas de seguridad, entre otros apartados aplicables al derecho penal.

En el encuentro participó María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia que conoce el avance que tiene cada entidad tanto en capacitación de personal, como en el desarrollo de políticas y modificaciones legales necesarias para la instauración del sistema.

La ley establece que en junio de 2016 todas las entidades federativas juzguen bajo los nuevos mecanismos de juicios orales.