La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) investiga a funcionarios adscritos a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales –ambas dependientes de la Procuraduría General de la República (PGR)–, pues existen indicios de que personal de esa instancia ‘‘frenó deliberadamente’’ los trámites para la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal federal del Altiplano el pasado 11 de julio.

Retraso y fuga

Fuentes judiciales y gubernamentales cercanas a la indagatoria informaron a La Jornada que existen documentos oficiales que demuestran que desde el 25 de junio del presente año, dos semanas antes de la fuga, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno mexicano la documentación necesaria para que se pidiera a un juez la orden de detención provisional con fines de extradición de El Chapo, pero la PGR retrasó el procedimiento por motivos que aún no están claros.

Los nombres de los servidores públicos a los que la Seido investiga se mantienen bajo reserva a petición de las fuentes consultadas. De acuerdo con la información recabada, fue hasta el 29 de julio pasado (más de un mes después de que lo pidió el gobierno estadunidense y varios días después de la fuga del capo) que los funcionarios de la procuraduría (ahora sujetos a investigación) solicitaron al juzgado tercero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal la orden de detención provisional con fines de extradición. Guzmán es requerido por Estados Unidos por el tráfico de al menos 50 toneladas de cocaína.

La solicitud de detención fue presentada al juzgado el miércoles 29 de julio por la Suprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR y al siguiente día (en menos de 24 horas) la autoridad giró la orden contra Guzmán Loera, aún prófugo de la justicia y quien ya cuenta con una suspensión en vía de amparo contra esa orden de detención provisional.

Hasta ahora, la responsabilidad por la fuga de Guzmán ha quedado reducida a sólo tres funcionarios de rango menor. El pasado 24 de julio, un juez federal dictó la formal prisión a sólo tres de los siete funcionarios acusados por la fuga del capo, y dejó en libertad a los cuatro restantes por estimar que no había elementos para someterlos a juicio.

Leonardo González Martínez, juez tercero de distrito de Guanajuato, determinó iniciar juicio al encargado del centro del control de monitores y a dos custodios del penal federal del Altiplano por el delito de evasión de un reo que está siendo procesado por delitos contra la salud.

En la misma resolución de la causa penal 48/2015, el juez dictó la libertad en favor de cuatro encargados de monitores de circuito cerrado, dos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y dos del centro penitenciario, porque la PGR no acreditó que tuvieran una probable responsabilidad en los hechos.

Los cómplices del penal

Según consta en el expediente judicial de este caso, al que tuvo acceso La Jornada, el juez encontró elementos para considerar, de manera indiciaria, que el responsable del centro de control actuó con tardanza durante la fuga y que los dos custodios ahora procesados no respondieron las llamadas telefónicas en el momento en el que el capo huía por un túnel.

‘‘En cuanto al encargado del centro de control (monitores), se observaron incongruencias en sus declaraciones, corroboradas con otros datos de prueba; esto, sumado a una dilación en su proceder, indicó que intencionalmente favoreció la evasión, a título de probable’’, refiere el auto de formal prisión librada por el juez Leonardo González.

‘‘Por lo que toca a los (dos) custodios, resolvió que, por el momento, existían datos de que ante el suceso criminal ocurrido el pasado sábado 11 de julio, a las 20:52 horas, no contestaron el teléfono del módulo penitenciario; al no existir justificación, se estimó que favorecieron la evasión’’, refirió el juez.

Guzmán escapó del Altiplano la noche del pasado 11 de julio por un túnel de 1.5 kilómetros. A partir de ese momento, la PGR retuvo a 30 servidores públicos para interrogarlos por los hechos, de los cuales al final de las diligencias sólo encarceló a siete y liberó a 23.