eonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García, demandó la anulación del proceso por secuestro agravado contra la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, Guerrero. El viernes 21 se cumplirán dos años que la dirigente permanece presa, a pesar que desde marzo de 2014 un juez federal dictó a su favor un auto de libertad al no sostenerse los cargos de secuestro y delincuencia organizada imputados por las autoridades siete días después de que fuera detenida en agosto de 2013.
Este llamado se agrega al emitido el pasado miércoles 12 de agosto por organizaciones de defensa de derechos humanos que exhortaron a la liberación de la comandanta, dada la absoluta falta de pruebas para sustentar su detención y por las irregularidades y violaciones a las garantías individuales con que se ha conducido el caso. La propia Nestora Salgado ha denunciado que su encarcelamiento es un castigo por su actuación al frente de la Policía Comunitaria contra las redes de narcotráfico y trata de mujeres que, en su versión, operan en Guerrero con complicidad de algunos políticos de alto nivel involucrados en esas actividades delincuenciales.
A este proceso jurídico irregular y violatorio del marco legal debe agregarse una campaña mediática de corte clasista, cuya intención parecería ser la de dar un escarmiento a los sectores populares que se organizan para defender sus derechos y sus vidas en contextos de total ausencia del Estado. Otro correlato de la estancia de la comandanta en prisión es el conjunto de agresiones armadas en contra de integrantes de policías comunitarias y autodefensas, grupos a los que el gobierno ha combatido, dividido o cooptado a conveniencia y que representan esfuerzos de organización popular ajenos a toda intención subversiva. Además de Salgado se encuentran presos los integrantes de la policía comunitaria de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, así como Samuel Ramírez Gálvez, de la policía comunitaria de Zitlatepec, Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y el dirigente michoacano de autodefensas José Manuel Mireles.
Todos ellos han sido encarcelados con pruebas endebles, en el mejor de los casos, o bien fabricadas, y sus respectivos procesos penales denotan un uso faccioso –por excesivamente rigorista– de la ley, pese a que en sus respectivos entornos sociales existen fenómenos de criminalidad que han sido ampliamente tolerados por los tres niveles de gobierno. Un caso claro de este doble rasero en la procuración de justicia es la discrecionalidad con la que las autoridades han perseguido o consentido a conveniencia el delito de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Es urgente que Nestora Salgado y sus compañeros sean liberados y se ponga fin a las aberraciones jurídicas urdidas en su contra. Las instancias judiciales deben tomar distancia de estas injusticias y cesar la criminalización de expresiones organizativas sociales y populares, especialmente de aquellas que se forman con propósitos de autodefensa, como consecuencia inevitable de la claudicación del Estado en sus obligaciones de garantizar la vida, la integridad y los bienes de la población, un fenómeno que se ha hecho sentir con particular agudeza en Michoacán y Guerrero. De no procederse así se estará enviando a la sociedad un mensaje terrible de arbitrariedad, injusticia y completa desprotección.
