La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso relacionado con la protección constitucional contra actos de tortura, vista como posible violación a los derechos humanos, adicional al seguimiento de la tortura como delito independiente.

La primera sala integró una comisión especial para analizar, precisamente, asuntos en los que se denuncian actos de tortura mediante los cuales obligaron a acusados de delitos a confesar el crimen.

Los ministros atrajeron ayer el caso de Yesenia Armenta Graciano, acusada de mandar matar a su esposo. Ella alegó desde un principio su inocencia y que fue torturada para confesar su culpabilidad.

De acuerdo con el expediente, Armenta señaló que después de haber sido golpeada y violada por agentes policiacos vestidos de civil para que confesara, se vio obligada a reconocer que había asesinado a su marido en Sinaloa.

El caso fue documentado, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, por Amnistía Internacional, la cual exigió su liberación después de más de tres años en prisión.

Según el organismo internacional, después de que denunció la tortura a la que fue sometida, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminaron que no había recibido malos tratos; pero, posteriormente, médicos expertos independientes acreditaron la violencia física y sicológica.

Dada la importancia del asunto y en razón de que la primera sala constituyó una comisión especial sobre el tema, fue que los ministros decidieron conocer el asunto.

En este caso, el juez de distrito amparó a la quejosa por actos de tortura; inconforme, la PGR interpuso recurso de revisión, mientras el tribunal colegiado que conoció el asunto lo turnó a la SCJN.

Los ministros señalaron que este caso, lo mismo que los expedientes que forman parte de la comisión que ya analiza el tema de la tortura, permitirá explorar los alcances de la protección constitucional contra dicha práctica, como acto reclamado y como posible violación a un derecho humano, distinto al seguimiento que se le dé como delito; desarrollar estándares de tortura cuando ésta sea alegada como acto reclamado en amparo, y las obligaciones de los jueces de actuar en consecuencia, así como para continuar con el desarrollo de las obligaciones del juez, cuando tiene noticia de un alegato de dicha naturaleza y los efectos que deben decretarse ante la eventual concesión de la protección constitucional.