Organizaciones sociales, instituciones y expertos independientes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que la ley general contra la tortura sea de fondo y no cambios cosméticos que resulten insuficientes para erradicar esta práctica que fomenta la fabricación de culpables y la falta de investigaciones serias, además de provocar graves daños a las víctimas y sus familias.

En un pronunciamiento, calificaron de imprescindible que en la concertación de este proyecto legislativo se tomen en cuenta los estándares internacionales y los aportes que expertos han hecho desde la desde la academia y la sociedad.

Un ejercicio democrático en este proceso exige desarrollar mecanismos de participación efectivos donde se argumenten propuestas de ley contra la tortura sin matices políticos para el debate, señala el pronunciamiento suscrito, entre muchos otros, por Amnistía Internacional México, el Centro Pro de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, esta última integrada por 75 organizaciones en 21 estados.

Además, las organizaciones expresaron no sólo su preocupación por el silencio oficial sobre los avances en la elaboración del proyecto de ley, sino también exhortaron al gobierno federal a dar prioridad a la discusión y debate sobre el contenido mínimo de la ley.

Señalaron que con la elaboración de dicha normativa, México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura puedan obtener justicia, verdad y reparación.

Pero, además, se puede crear un marco jurídico que enfrente el reto de generar una política pública que se ocupe de los aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país.

Desde el diagnóstico de las organizaciones sociales, en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país, el gobierno federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura, situación que ha sido acompañada por casi total impunidad.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2006 y 2014 la PGR recibió 4 mil 55 denuncias de tortura; de éstas sólo se han abierto mil 884 averiguaciones previas, y únicamente consignaciones en 11 casos. Al momento, solamente se tiene registro de cinco sentencias firmes en el país por el delito de tortura, lo cual demuestra la total impunidad en la que actúan los perpetradores.

Por ello, es fundamental asegurar que nadie quede impune por cometer estos abusos en México. De lo contrario, es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar el problema está en su capacidad de mostrar resultados, dice el pronunciamiento.