El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó –con votación dividida, cuatro a tres– reservar por dos años el acceso a la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia Militar sobre los hechos de Tlatlaya, reduciendo 10 años la reserva que había determinado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, comisionados condenaron la actitud castrense de impedir al Inai acceder al expediente para verificar si había fundamento en la reserva o era una investigación sobre violaciones graves a derechos humanos.

A diferencia de casos anteriores relacionados con Tlatlaya, esta vez la solicitud de acceso generó la división entre los comisionados y la reserva de la información. El punto más polémico fue la postura de la Sedena: Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece la ley, que señala que en todo momento el Inai debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones, dijo el comisionado Joel Salas.

La censura a la actitud de la Sedena también fue planteada por la comisionada Areli Cano: quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Al no tener respuesta favorable para permitir a este órgano la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones del instituto, sino también ha soslayado acreditar que está comprometido con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia.

El proyecto fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien no hizo alusión alguna al incumplimiento procedimental y se refirió sólo a los argumentos para reservar. Justificó que se trataba de una investigación relacionada con delitos del fuero militar (indisciplina), que puede ser la falta de saludo adecuado o llegar tarde, lo cual no supone inferir que se trata de indagar violaciones graves a derechos humanos.

Aunque la investigación es sobre Tlatlaya, para Acuña no debía desprenderse vinculación directa del caso horrendo y en donde en otros recursos se ha optado por la apertura. Aunado a ello explicó que las razones castrenses para reservar obedecían también a que la averiguación ya había sido turnada al juzgado y se encontraba en fase de instrucción, lo que ratificaba la reserva, la cual, matizó Acuña, sólo debería avalarse para dos y no 12 años, o cuando cause estado.