Washington.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió que su administración, en ocasiones, no hizo lo suficiente por los familiares de los secuestrados por grupos extremistas en el exterior, al anunciar que se protegerá a las familias de las amenazas de demandas judiciales en el caso de que traten de pagar un rescate, incluso si el gobierno se opone a ese pago.

La madre de James Foley, periodista decapitado en agosto de 2014 por el grupo Estado Islámico, denunció en términos muy duros la actitud del gobierno al afirmar que su familia en particular fue amenazada con demandas judiciales si seguía intentando pagar un rescate.

Obama, quien recibió a familiares de rehenes, reconoció la falta de coordinación entre organismos federales y la lentitud de la burocracia, al informar sobre una nueva política que busca mejorar el trabajo para recuperar a los secuestrados y ayudar a sus familiares.

También se creará un grupo integrado por miembros de la Oficina Federal de Investigaciones, de los departamentos de Defensa y de Estado y de los servicios de inteligencia, para seguir los casos de secuestro y mantener comunicación con las familias, el Congreso y los medios.