En una cuarta parte de las entidades del país grupos civiles han denunciado el aumento de violencia hacia las mujeres, por lo cual exigen que se emitan alertas de género.

Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Colima, Morelos y Sonora se encuentran en la mira.

Tras las denuncias de organizaciones no gubernamentales, el marco legal indica que un grupo de especialistas investigará cada caso y emitirá un informe.

Los diagnósticos realizados en las entidades mencionadas, con excepción de Sonora, donde apenas se iniciarán, muestran deficiencias graves en políticas públicas: ausencia de protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual, así como deficiente registro de casos de feminicidios y de desaparición de mujeres. Además, los análisis comprueban una alta incidencia delictiva hacia estas últimas.

No obstante, ningún caso ha merecido el grado de alerta de género, mecanismo incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya aplicación supondría una reacción inmediata para atender la crisis.

La razón de que no se haya emitido ninguna alerta, explica la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, es que el marco normativo cambió.

Antes, la solicitud de la organización civil se sometía a votación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está presidido por la Secretaría de Gobernación y en el que participan enviados de los gobiernos estatales, el Inmujeres, el Consejo para Prevenir la Discriminación, el DIF y otras dependencias federales. En ese contexto nunca se registró una votación suficiente para emitir la alerta.

Ahora, con un nuevo reglamento, no se somete a votación, sino que se integra un grupo de investigación. Con el análisis en mano se da al gobernador un plazo para que diga si admite las recomendaciones. Es decir, la alerta sólo saldría a la luz si el mandatario estatal se negara a admitir el informe y a cumplir con los cambios propuestos.

Recomendaciones cumplidas

“Los grupos de trabajo están evaluando si se está cumpliendo (con las recomendaciones expuestas por el grupo de trabajo)… Tal vez (la alerta de violencia de género) no se emite como tal, pero por lo pronto los estados están cumpliendo con las recomendaciones”, dijo Cruz Sánchez a La Jornada.

Por ejemplo, Guanajuato, primera entidad en entrar en este nuevo mecanismo, no tenía protocolos de investigación de muertes con presunción de feminicidio; tampoco estaba tipificado ese delito en su gaceta o periódico oficial, ni contaba con agencias especializadas del Ministerio Público para atender a las víctimas, por lo cual las mujeres violadas esperaban tres o cuatro horas a que les tomaran declaración porque el turno era para casos de robos de automóvil.

Estas investigaciones están empujando a las entidades a atender y prevenir la muerte de mujeres, dijo la funcionaria.

Admitió, sin embargo, la prevalencia de rezagos, en especial en la clasificación de delitos; las procuradurías sólo emiten datos generales de la incidencia de homicidios o lesiones, por ejemplo.

Otro reto es homologar leyes. Si bien en todas las entidades está tipificado el feminicidio, no hay una armonización legislativa nacional.

Uno de los más recientes estudios es el de Baja California, el cual detalla que no es posible saber cuántas niñas, adolescentes y mujeres indígenas, migrantes y personas de la comunidad homosexual han sido víctimas.

Por ello se propone generar un banco estatal de datos, elaborar un programa y leyes para atender este fenómeno y dotar al Instituto de la Mujer con recursos humanos y materiales suficientes, entre otros aspectos.