A un año del tiempo legal para que se implemente el nuevo sistema de justicia penal persisten focos rojos y rezagos que advierten sobre un grave riesgo de caer en simulaciones y mantener un sistema con deficiencias con tal de cumplir el plazo, señaló el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

Este grupo civil, que investigaciones y presenta propuestas en diversas áreas señala, ante la reforma penal –identificada de manera coloquial como la de juicios orales–, que es necesario atender focos rojos porque no hay planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes; por tanto, asegura, se presenta el reto de la atención simultánea de asuntos penales con hasta tres diferentes procedimientos.

Hay 69 códigos procesales vigentes en el fuero común, de ahí la necesidad impostergable de aplicar una armonización normativa, tanto en la que está a cargo de los Congresos como en la de las instituciones.

Cidac hace énfasis en la necesidad de garantizar que el proceso se haga de manera simétrica, con el eje de una modernización en el intercambio de información vía electrónica y el procesamiento eficaz de juicios.

En un reporte sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal se afirma que hay esquemas poco conocidos de esta transformación como el amparo, los derechos humanos y el propio sistema acusatorio (juicios orales).

Otro elemento indispensable se refiere a la situación, calidad y eficiencia de policías y demás personal de los sistemas de seguridad y procuración de justicia.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación –responsable de coordinar los trabajos de este nuevo sistema– indican que al menos 44 mil 214 policías no aprobaron los exámenes de control de confianza. Investigadores de Cidac alertan de que sólo tres de cada 10 ciudadanos confían en aquellos. Un caso es el de septiembre pasado en Iguala, donde uniformados están acusados de trabajar para el crimen y de haber entregado a normalistas de Ayotzinapa a esos grupos. Ahí 75 por ciento de policías aprobaron los controles.

Sin embargo, no hay garantía de depuración y capacitación para quienes tendrán más atribuciones en el nuevo sistema penal, cuya reforma marca el 18 de junio de 2016 como plazo máximo para su aplicación. Funcionarios federales han reiterado que no habrá prórroga.

Las autoridades, indica Juan Luis García Hernández del Cidac, deberán entrenar y capacitar a más de 427 mil elementos en tareas de investigación, de los cuales hasta ahora menos de 30 mil, adscritos a procuradurías estatales tienen formación en el tema. Gobernación afirma que se capacitó a 22 mil 260 elementos de los tres órdenes del gobierno, en el contexto de un aumento presupuestal sin precedentes para el área responsable de promover la implementación de la reforma.