Los dientes con los que autoridades y directivos del sector privado ponderaron que se dotó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) poco han mordido a las grandes empresas que dominan diversos sectores productivos de México, como la cadena agroalimentaria o el sector bancario, coinciden dirigentes empresariales e investigadores.

Uno de los principales problemas de ello, advierten, es que la Cofece, creada en 2013 para remplazar a la Comisión Federal de Competencia (CFC), y la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que en julio cumplirá un año en vigor, apenas son conocidas y mucho menos aprovechadas por las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país o por los ciudadanos en general, que pueden denunciar prácticas anticompetitivas, incluso de manera anónima.

Pero la Cofece tampoco ha hecho investigaciones de oficio sobre sectores importantes donde prevalecen concentraciones, ni puede aplicar sanciones verdaderamente ejemplares contra empresas que incurren en prácticas monopólicas o anticompetitivas, como cancelar licencias y permisos para que sigan operando porque tiene muchas limitaciones legales, señala Oliver Ambía, director de finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Reflejo de la sociedad

La Cofece sólo es reflejo de la sociedad que tenemos y hay mucho margen de acción en materia preventiva, educativa y de información para que como consumidores nos volvamos más demandantes y proclives a denunciar las malas prácticas de las empresas, expresó.

Xavier Ginebra, investigador de la Universidad de Morelos y quien fue subdirector jurídico de la extinta CFC, criticó que las investigaciones realizadas hasta ahora por la Cofece abarcan mercados muy pequeños, como el diésel para embarcaciones, e incluso dijo que no nota cambios sustanciales con su antecesora aunque acotó que el organismo tiene previsto abarcar sectores importantes.

El desconocimiento de los beneficios de la nueva ley no sólo es responsabilidad del organismo antimonopolios, reconocen dirigentes empresariales, pues el tema de competencia ni siquiera figura en sus agendas ni han creado áreas o talleres al respecto, como sí lo han hecho en cuestiones fiscales, luego de los cambios y nuevos impuestos creados desde el año pasado con la reforma fiscal.

La verdad estamos totalmente ajenos a esa historia y hago una autocrítica: no nos hemos metido a estudiar la ley ni la hemos difundido entre nuestros agremiados. Es una tarea que tenemos pendiente, admite Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Juan Manuel Chaparro, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), asegura que hasta el momento ninguno de sus agremiados ha interpuesto una denuncia por prácticas monopólicas o anticompetitivas.

A la Canacintra pertenecen 50 mil empresas de 13 sectores diferentes, entre ellos el automotriz, metálico, de alimentos, químico, mueblero y de papel, y la mayoría son pequeñas. ¿Cómo va a denunciar una pyme a los grandes corporativos? La posibilidad está ahí, pero debe probar sus acusaciones. Además, en un entorno económico deprimido, los empresarios están más preocupados por sacar adelante su negocio que en denunciar porque lo ven como meterse en problemas. En Canacintra hemos difundido la nueva ley entre nuestros afiliados, pero no la revisan, no la estudian. Hemos tenido talleres sobre competencia pero son meramente informativos y muy escasos, agrega Chaparro.

Por el contrario, Manuel Herrera, directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), asevera que hay bastante conocimiento entre los empresarios de la LFCE y se han preocupado de cumplirla a cabalidad, pero cuando se le pregunta cuántas denuncias han presentado responde tajante que esa información debe tenerla la Cofece.

Muchas de las limitantes a la competencia son estructurales. Si bien la ley actual es más robusta, no ha sido usada del todo porque no hay capacidad productiva de las empresas para hacerlo una realidad, considera José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), señala que puede parecer que no aprovechamos la ley, pero quien hace una denuncia tiene que probarla y los pequeños productores carecen de recursos para conseguir estudios e investigaciones que sustenten su acusación, por eso parece que a la Cofece sólo pueden recurrir grandes empresas que acusan a otras grandes empresas.