e consumó ayer, en España, el cambio en los gobiernos municipales que resultaron electos el pasado 24 de mayo, con la buena noticia de que las candidaturas ciudadanas en Madrid, Barcelona y Valencia –impulsadas por el partido progresista Podemos y por fuerzas políticas emanadas del movimiento de los indignados– lograron integrar las alianzas necesarias para formar gobiernos. De esa forma, perfiles ciudadanos como los de Ada Colau (Barcelona), Manuela Carmena (Madrid) y Joan Ribó (Valencia), llegaron al poder en sus respectivas localidades, con el apoyo de diversas fuerzas de izquierda, a las cuales se sumó en algunos casos –más por cálculo político que por convicción– el Partido Socialista Obrero Español. Otro tanto ocurrió en decenas de pequeñas y medianas ciudades.
De esta manera, el mapa político bipartidista que se forjó en el periodo posterior al fin de la dictadura y que derivó de la institucionalización de la democracia formal en España, queda superado ante el avance novedoso de las candidaturas ciudadanas, impulsadas por partidos de reciente cuño y forjadas al calor de las movilizaciones sociales de los indignados.
En los comicios regionales y municipales realizados el pasado 24 de mayo, los electores lanzaron un mensaje inequívoco precisamente a esos partidos tradicionales y a la clase política en general: el hartazgo ante ese modelo cuyos componentes ideológicos se reclaman de la socialdemocracia y del conservadurismo, demostró su incapacidad para dar respuesta a las necesidades de la población, particularmente afectada por la crisis en que se involucró la nación ibérica tras la de 2008-2009, cuando los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy implementaron un programa de reformas neoliberales que implicaron el sacrificio de la población.
Ciertamente, esa inconformidad generalizada abrió perspectivas de refrescar la vida institucional y la orientación económica neoliberal que agobia a buena parte de la población del país europeo. Tal es el caso de Podemos, formación que, sin decirlo en forma explícita, buscó hacerse con la representación de los indignados que se movilizaron en decenas de ciudades españolas, y que se dedicó a impulsar fórmulas que postularon candidaturas ciudadanas como las referidas.
La conducción de las políticas económicas y sociales en España demanda un viraje claro y definido hacia la sociedad y una toma de distancia con respecto a los intereses corporativos financieros que han ido cooptando las áreas de decisión de los gobiernos nacional y locales y que han causado estragos en la población. Es clara, asimismo, la urgencia de que el cambio que se ha dado en los gobiernos autonómicos se vea reflejada en un fenómeno análogo en la política parlamentaria del país ibérico, la cual ha perdido representatividad y credibilidad debido, en buena medida, a su sometimiento a los intereses mencionados.
Cabe esperar que el recambio comentado sea el primer paso de un nuevo despertar ciudadano en el país europeo, que se traduzca en una redefinición del modelo político y que ponga a las instituciones al servicio de los ciudadanos.
