Supuestos malos manejos de autoridades ejidales y la disputa de unas 500 hectáreas del paraje Tlapanco, tienen confrontados a los habitantes de San Miguel Ajusco, de la delegación Tlalpan, donde un grupo exige la remoción de los actuales representantes de los Bienes Comunales: Miguel Ángel Eslava, Javier García, Mario Rodríguez y Francisco Romero.

Un grupo de habitantes explicó que desde el 10 de septiembre del año pasado acudieron a la Procuraduría Agraria (PA) para solicitar la separación de los miembros del comisariado por malos manejos, incumplimiento a los acuerdos en asamblea y agresiones a los pobladores, por lo que se inició un procedimiento conforme al artículo 40 de la Ley Agraria.

El articulado establece que la remoción de los representantes de los Bienes Comunales podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o sea convocada por la PA, a partir de la solicitud de al menos 25 por ciento de los ejidatarios del núcleo.

Los comuneros indicaron que ya se emitieron dos convocatorias por parte de la PA para llevar a cabo la asamblea, una de ellas, el pasado 3 de febrero, y otra ayer, las cuales no se llevaron a cabo, pues el grupo afin al comisariado lo impidió.

No se suscitó ningún enfrentamiento, porque no respondimos a sus agresiones, apuntaron los inconformes.

Hace unos días, los representantes comunales habían asegurado que se usaron documentos apócrifos para su destitución, que no tenía otro fin que vender el paraje Tlapanco, decretado como reserva comunitaria.

Lo anterior fue rechazado por el grupo opositor de comuneros, quien señaló que se hizo el procedimiento conforme a la ley y son ellos los que están despojando a la comunidad de estos terrenos, que con su anuencia han sido invadidos de manera paulatina y utilizados como tiradero de cascajo.

Ellos han permitido, de forma alevosa y ventajosa, el ingreso de gente que no es de la comunidad, ni tiene título agrario, ya construyeron de forma ilegal y ahora meten escombros. Lo que nosotros queremos es el saneamiento de esas tierras y que se respete como reserva comunitaria ecológica, puntualizaron.

Anticiparon que acudirán, de nueva cuenta, a la PA, para ver cuáles son los canales legales para continuar con la remoción.