n un dictamen difundido ayer, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas señaló que en nuestro país ese tipo de delito es generalizado y en su mayoría quedan impunes. Recordó que actualmente es imposible conocer la cifra exacta de víctimas de desaparición forzada, dada la ausencia de registros confiables relacionados con el tipo penal, y mencionó que las denuncias por dichos crímenes en México no son recientes, sino que han sido formuladas sistemáticamente desde hace décadas

A renglón seguido, el comité recomendó, entre otras acciones, la creación de una unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas y de un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante.

Cabe ponderar positivamente el informe de la ONU en la medida que da visibilidad, a escala internacional, a un fenómeno de larga data que plantea una amenaza persistente para el conjunto de la sociedad y que tiene un componente ineludible de responsabilidad por parte del Estado. En efecto, más allá de que el pronunciamiento del organismo internacional se dé en un contexto marcado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no debe olvidarse que, a pesar de las fluctuaciones en las cifras oficiales y extraoficiales disponibles, en nuestro país el número de personas en esa condición se cuenta por decenas de miles.

Dicha circunstancia es un indicador fehaciente de que el Estado ha venido incumpliendo una de sus obligaciones constitucionales básicas e irrenunciables: la defensa de la vida y la integridad de los habitantes del país. Mucho más grave es la abulia de todos los niveles de gobierno y de distintas administraciones sexenales para hacer frente a las desapariciones y combatir a sus autores, muchos de ellos situados en instituciones oficiales.

Frente a estos elementos de juicio, resulta preocupante la postura de rechazo del gobierno federal ante el informe emitido por la ONU, sobre todo en la medida en que se acompaña de ejercicios que niegan la realidad. Ayer mismo, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el país está en los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años. Tal afirmación es insostenible en un entorno nacional marcado por la persistencia de una inaceptable cuota diaria de violencia, ejecuciones y levantones relacionados con la delincuencia organizada, pero son aún más agraviantes, si se toma en cuenta que un componente ineludible de esa situación es el propio Estado.

El palmario contraste entre la realidad que enfrentan la mayoría de los habitantes del país en materia de seguridad y justicia y las descripciones idílicas que se desprenden del discurso oficial resulta sumamente peligroso en términos políticos, en la medida que contribuye a profundizar el descrédito de las instituciones formales e incluso a entronizar la impunidad. Es necesario que las autoridades trasciendan la formulación de buenas intenciones y la negación de la realidad, así como que se comprometan al esclarecimiento del destino de los desaparecidos, a la investigación de las causas que están detrás de esos crímenes y a la imputación penal de los autores materiales e intelectuales.