Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se comprometió con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a pagar los gastos que genere la adecuación de los trenes que circulan por la línea 12 del Metro; sólo falta que lo confirme por escrito.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, realizada luego de anunciar la celebración de la segunda edición del Hack CDMX, el mandatario capitalino informó que ya se reunió con un directivo de la empresa española, a quien le preguntó si están en disposición de asumir los costos de la modificación de los trenes.

La respuesta fue que ellos harían todas las adecuaciones a su costo, resaltó.

Mancera Espinosa remarcó que durante la reunión reiteró que los trenes deben operar correctamente y que los usados cuando entró en operación la línea dorada no pueden funcionar.

Digamos que el compromiso es que tengan reperfiladas las ruedas, la adecuación de la suspensión y la sustitución de algunos resortes, que ha señalado Systra; además, debe hacerse una mejora sustancial al sistema de engrasado y alguna otra acción adicional que requiere esta vía, la cual me comentó CAF, y que tiene que ver con una malla y puntos específicos de lubricación durante el trayecto de ésta, detalló.

El gobernante local ratificó el compromiso de su administración de que la línea entrará en operación en su totalidad a fines de año; todo está planteado y programado para que sea así.

Explicó que se trabaja en dos vertientes, una corresponde a las labores que lleva a cabo la Secretaría de Obras y Servicios para restablecer todo lo relacionado con el sistema de funcionamiento de la vía en el tramo elevado –donde se encuentran las 11 estaciones cerradas en marzo pasado–, y que incluye vía, durmientes, balastros y rieles. Y la otra le compete a CAF.

Con relación a la sanción que la Contraloría capitalina impuso a tres empresas que participaron en la construcción de la línea 12, Mancera Espinosa dijo que este avance en las auditorías es muy concreto con un señalamiento específico a la tarea de supervisión que se hizo.

Al respecto, el consejero jurídico y de servicios legales, José Ramón Amieva Gálvez, señaló que las empresas inhabilitadas no cumplieron con los estándares de confianza, como la supervisión, ni los procesos por los que fueron contratadas.

Entrevistado al término de la ceremonia de exhumación del cuerpo de María Luisa Roa Landa, expuso que las empresa cometieron actos intencionales en cuestión de supervisión, es decir, que las firmas –que crearon un microconsorcio– no fueron objetivas en cuanto a los estudios sobre la línea 12.

Amieva detalló que las empresas sancionadas tienen 15 días para interponer su inconformidad e impugnar la determinación de la Contraloría.