n el discurso pronunciado en la sesión de investidura de su gobierno, el nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, confirmó la orientación social que habrá de seguir su administración y anunció que a partir del miércoles próximo se otorgará ayuda alimentaria, electricidad gratuita y acceso a los servicios de salud a los sectores sociales más castigados por la crisis y se recontratará a los empleados del sector público que fueron despedidos en forma ilegal –en el contexto de la anterior política de austeridad–, como el personal de limpieza de los ministerios, los guardias escolares y funcionarios de las universidades.
Al mismo tiempo, Tsipras aplicará una reducción de 30 por ciento del personal de la sede del gobierno, de 50 por ciento en los automóviles del Ejecutivo y la venta de uno de los tres aviones oficiales; buscará eliminar los privilegios injustificados de que disfrutan los legisladores, como automóviles proporcionados por el erario, y habrá recorte hasta de 50 por ciento de asesores y personal contratado por los diputados.
Por otra parte, el gobierno emprenderá un amplio programa de lucha contra la evasión fiscal, establecerá un impuesto a las grandes propiedades y seguirá un plan para llevar el salario mínimo a un nivel de 750 euros mensuales, para finales de este año.
En el ámbito internacional, Tsipras demandó al gobierno alemán el pago de compensaciones de guerra por la invasión nazi a Grecia (1941), que provocó la muerte de unos 300 mil civiles (21 mil de ellos, ejecutados por los militares alemanes), dejó a un millón de personas sin hogar y destruyó la economía del país.
Si las acciones sociales, administrativas y fiscales del primer ministro constituyen una primera aplicación del programa político de su formación, Syriza, el reclamo a Berlín constituye una carta en la dura negociación que Atenas debe realizar con los organismos financieros de la Unión Europea, en los que Alemania ejerce una influencia decisiva, y que han mostrado una nula disposición a flexibilizar las draconianas condiciones impuestas en el pasado reciente al país mediterráneo.
Aunque la reorientación del gasto gubernamental puede realizarse al margen de las pretensiones injerencistas de los acreedores de Grecia, y es una demostración de que es posible –además de deseable– redistribuir los presupuestos oficiales, en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, mediante la supresión de las prebendas frívolas e innecesarias de que gozan los altos funcionarios, los propósitos de Atenas de recuperar el crecimiento económico no podrán alcanzarse si Tsipras no logra persuadir al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo –FMI, CE y BCE, componentes de la llamada troika– de la pertinencia de su programa, toda vez que las finanzas griegas requieren con urgencia de un acuerdo puente con el BCE y de la posibilidad de colocar bonos de deuda en los mercados financieros europeos.
El riesgo es elevado para ambas partes, porque si las altas esferas de la Unión Europea pretenden ahogar a Grecia, ello puede llevar a una ruptura que afecte la estabilidad monetaria de todo el bloque e inducir a Atenas a jugar su última carta: formalizar su reclamación de compensaciones de guerra a Alemania.
La moneda está, literalmente, en el aire. Cabe esperar que por sensatez política, por pragmatismo y por humanidad, los funcionarios financieros del viejo continente acepten el plan de Syriza y permitan que el país mediterráneo empiece a revertir la catástrofe provocada por el plan de choque neoliberal que ellos mismos impusieron.
