yer, durante la conmemoración de la Marcha de la Lealtad –cuando cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero durante el inicio de la Decena trágica–, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tras refrendar la subordinación de los militares a las autoridades e instituciones civiles, dijo, refiriéndose a las fuerzas armadas, que hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. Se trata de un señalamiento grave, no sólo porque proviene del titular de la Sedena sino porque es formulado en un momento en el que integrantes de los institutos armados enfrentan acusaciones por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, como las perpetradas en Tlatlaya, estado de México, en junio del año pasado, y cuando diversos sectores piden que se investigue la supuesta participación de elementos castrenses en la agresión sufrida por normalistas en Iguala, Guerrero, hace cuatro meses.

En tal circunstancia, una acusación tangencial como la formulada ayer por el general Cienfuegos no contribuye a despejar las expresiones de desconfianza social que afectan a la institucionalidad en su conjunto y a las fuerzas armadas en particular. Sería pertinente que si los mandos castrenses han identificado una labor específica orientada a provocar un distanciamiento entre los institutos armados y la población civil, formularan un señalamiento preciso y claro y pusieran nombre y apellido a quienes pudieran estar involucrados en ella.

En ausencia de esa información específica, lo que puede verse en la coyuntura nacional presente es una erosión de la imagen de las fuerzas armadas entre diversos sectores de la población a consecuencia del involucramiento de las primeras en tareas ajenas a su mandato constitucional. Pero la responsabilidad principal de ese deterioro no recae en los uniformados, sino en los gobernantes civiles que han abusado de su autoridad y de la lealtad que ayer exaltaba el titular de la Sedena para tratar de resolver una crisis de seguridad pública que debió ser enfrentada con un espíritu de Estado y no desde una lógica militar.

Muchas voces sociales han señalado en numerosas ocasiones que las tareas centrales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea consisten en preservar la seguridad y la soberanía nacional, salvaguardar la integridad territorial del país y auxiliar a la población en casos de desastre, no investigar ni combatir las diversas expresiones delictivas que han cobrado auge en el país de unos lustros a la fecha. Asimismo, se ha insistido en que el poner a las fuerzas armadas a desempeñar tareas policiales no sólo las coloca en el riesgo de ser infiltradas por los grupos criminales, sino que crea un margen para la comisión de violaciones a los derechos humanos y, a la larga, favorece precisamente el distanciamiento entre la población civil y los militares al que se refirió Cienfuegos.

La disciplina de los militares mexicanos y su lealtad al poder civil son atributos valiosos e incuestionables, y resulta paradójico y lamentable que sucesivos gobiernos hayan apelado a ellos para desvirtuar la misión central de las fuerzas armadas y que con ello se les haya colocado ante cuestionamientos públicos. Pero si ha existido un afán deliberado de distanciar al Ejército del pueblo, sería pertinente que el mando militar lo expresara en forma abierta y precisa.