Diversos grupos policiales de élite, creados por el gobierno de Coahuila, han participado en decenas de casos de desaparición forzada, detención arbitraria y tortura desde hace seis años, sin que las autoridades de esa entidad lo reconozcan ni hagan nada para evitarlo, denunciaron familiares y abogados de las víctimas.

En conferencia de prensa, Denise García Bosque, representante legal de los padres y madres de los afectados, explicó que la asociación civil Familias Unidas ha documentado 150 casos de desaparición en año y medio, tan sólo en la ciudad de Piedras Negras y la región conocida como Cinco Manantiales.

De ese número, en al menos 60 casos hay evidencias de la participación de elementos del llamado Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) u otras agrupaciones policiacas similares, creadas durante la administración del ex gobernador Humberto Moreira y sostenidas hasta la fecha por su hermano Rubén.

Un total de 51 personas que fueron desaparecidas por este grupo fueron encontradas con vida después, pero todas ellas fueron víctima de tortura para obligarlas a declararse culpables de pertenecer a grupos delincuenciales, y actualmente están presas de manera injusta.

El surgimiento del GATE, indicó García, se ubica en 2009, cuando las autoridades estatales anunciaron que formarían este agrupamiento, también identificado como Grupo Élite, para combatir la inseguridad. En esa misma época aparecieron otros escuadrones como el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) y el GATE municipal.

Una de las desapariciones forzadas cometidas por el GATE –que llevó al nacimiento de Familias Unidas– fue la de Víctor Manuel Guajardo Rivas, ocurrida el 10 de julio de 2013, cuando un grupo de elementos de dicha agrupación entró por la fuerza a su casa en la madrugada, lo golpeó frente a su pareja y sus hijos y se lo llevó con rumbo desconocido, sin que hasta la fecha se sepa nada de su paradero.

Los agentes de este cuerpo policiaco, abundó la litigante, se caracterizan por estar vestidos totalmente de negro, con el rostro cubierto y usar una kuffiya o bufanda similar a la que utilizan los palestinos. De igual manera, se movilizan en autos negros, sin placas y sin número de identificación.

Otra características de dicho grupo es que no presentan ningún registro de las aprehensiones o consignaciones que realizan, lo cual significa una abierta violación de derechos humanos, pues los familiares de los detenidos no pueden comprobar que sus seres queridos están en manos del GATE, añadió.

Además de lo anterior, esta agrupación operó por cinco años sin estar contemplada en la Ley Orgánica de la Comisión de Seguridad Estatal de Coahuila, hasta que en junio de 2014 se iniciaron los trabajos para ello.

Lo anterior quiere decir, puntualizó García, que el GATE y otros cuerpos de policía similares trabajaban con el reconocimiento y apoyo del gobierno local, pero sin estar formalmente constituidos en la ley.

Ante la falta de investigaciones en el ámbito local –donde son amenazados e intimidados por las autoridades–, los familiares de las víctimas han acudido a instancias federales, pero han recibido un trato indiferente, como lo demuestra el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha avanzado nada en el caso, pese a haber admitido hace un año una denuncia por la desaparición de 95 personas.

El estado justifica la llegada del GATE por las acciones contra el crimen organizado, pero están combatiendo la delincuencia con una delincuencia peor. El gobierno de Coahuila quiere dar imagen de seguridad para atraer inversiones y ahora la población es un botín de guerra para estos policías, lamentó.