a organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas anunció ayer que acusará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila (GATE) por su participación en diversos casos de secuestro, tortura y desaparición forzada.

De acuerdo con Denise García Bosque, representante legal de los padres de los afectados, la referida asociación ha documentado 150 casos de desaparición en el último año y medio, tan sólo en la ciudad de Piedras Negras y la región Cinco Manantiales, de los cuales por lo menos 60 son atribuibles a ese grupo de élite.

Esa corporación y otras similares –como el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM) y el GATE municipal (GATEM)– fueron creadas durante la gestión de Humberto Moreira, con el supuesto fin de combatir el crimen organizado. A manera de ejemplo de ese actuar irregular, debe recordarse que estos grupos operaron durante cinco años sin estar contemplados en la Ley Orgánica de Seguridad Estatal de Coahuila, omisión institucional que comenzó a subsanarse apenas el año pasado. Además, es práctica común de esos grupos no llevar registro alguno de las aprehensiones o consignaciones que realizan, lo que constituye un vacío de información y un margen de discrecionalidad propicio para la realización de desapariciones forzadas, entre otros actos delictivos.

El vacío legal en que opera este tipo de organizaciones, que en los hechos se traduce en un manto de impunidad, es un indicador adicional de que corporaciones del Estado recurren a prácticas delictivas en general, y a la desaparición forzada en particular. En efecto, estos hechos dan cuenta de que esta es una práctica sistemática que involucra a varios niveles de gobierno en diversas entidades del país.

Ante estos hechos, resulta inadmisible la postura del gobierno mexicano al tratar de minimizar el alcance de la práctica de la desaparición forzada en el país, e incluso de negarla, como lo ha hecho en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Corresponde recordar que a más de cuatro meses de los hechos, ninguno de los inculpados ha sido acusado de desaparición forzada, y pese a no haber indicios de una resolución fidedigna del caso, las autoridades se han empeñado en cerrarlo.

El descrédito que esta actitud ha generado para la institucionalidad del país trasciende el ámbito nacional, como lo demuestran los señalamientos críticos formulados por el caso Ayotzinapa en el marco del Comité Especial de Desaparición Forzada de la ONU, y en el Parlamento Europeo, donde la verdad histórica de la PGR sobre los hechos del 26 de septiembre fue calificada de no convincente. Nuevamente, en el caso de Coahuila, los familiares de las víctimas se ven precisados a recurrir a un organismo internacional, la OEA, ante la indolencia de las autoridades nacionales.

A pesar del cúmulo de señalamientos críticos a escala internacional, las autoridades del país se han limitado a responder que habrá una ley para desapariciones forzadas en junio. Sin desestimar la necesidad de un ajuste en el marco legal, sería preferible que se investigara, esclareciera y sancionara plenamente a los autores intelectuales y materiales de delitos de ese tipo, se reparara el daño a las víctimas, y se evitara de esa manera que siga creciendo el manto de impunidad que se traduce en un desamparo absoluto de la población ante el actuar delictivo de las instancias que deben velar por su seguridad.