La Cámara de Diputados aprobará mañana una reforma a la Constitución para constituir el sistema nacional de integridad pública, el cual tiene como propósito el combate a la corrupción no sólo en el gobierno, sino entre los particulares.

Esto es: se define que no sólo los servidores públicos, sino también los particulares, forman parte de la cadena de corrupción y deberán ser sancionados por igual.

El dictamen, que será aprobado hoy por la Comisión de Puntos Constitucionales, prevé que el sistema sea conducido por un consejo nacional presidido por el jefe del Ejecutivo, en el que participarán los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las dos cámaras del Congreso, de los órganos autónomos, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los gobernadores de los estados. También los integrantes del tribunal de cuentas, de nueva creación.

El sistema será vigilado por un comité ciudadano para la ética pública, integrado por cinco personas de la sociedad civil.

La modificación pretende fortalecer a la ASF para que pueda aplicar auditorías durante el ejercicio en que se detecten irregularidades y no con posterioridad, como las realiza hasta ahora.

Se trata, explica el proyecto, que fue entregado ayer a los diputados de la comisión, de no limitar sus facultades de fiscalización a un momento específico, sino pueda solicitar y revisar información de ejercicios anterior al de la cuenta pública en revisión.

Además, la auditoría podrá presentar acusaciones judiciales por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares, y denuncias ante la fiscalía anticorrupción de la fiscalía general de la República.

La comisión retomó las propuestas de PAN y PRD para integrar tribunales de cuentas, a partir de experiencias de otros países, que tendrían la facultad de dirimir controversias entre la administración pública y particulares, e imponer sanciones, así como el pago de indemnizaciones que deriven de daños.

Ello permitirá que la aplicación de sanciones, explica, se ejerza de manera autónoma e independiente, por lo que se blinda cualquier posibilidad de que la misma autoridad o poder que conozca de un hecho de corrupción, investigue y sancione.

También, integra la propuesta del PT para integrar unidades de auditoría y control, para prevenir e investigar hechos u omisiones, así como revisar ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos a escalas federal, estatal y municipal.

En el caso de las sanciones a particulares, se considera que además de multas económicas se les inhabilite para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad, y resarcimiento de daños.

La comisión considera que para combatir la corrupción de manera eficaz es necesario contar con mecanismos efectivos que se traduzcan en acciones concretas que prevengan cualquier acto ilegal.