El sistema de justicia penal registra un enorme déficit respecto de las miles de víctimas a quienes el Estado les prohíbe hacer justicia por propia mano, al tiempo que no les imparte justicia porque su caso nunca llega a ser ventilado ante un tribunal.

Establece lo anterior el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos –el séptimo de su tipo–, que será presentado este martes por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, el cual busca brindar una herramienta con un conjunto de criterios orientadores y análisis de casos específicos e hipotéticos que permitirán catalizar las acciones judiciales ante estas violaciones a los derechos humanos.

El documento establece líneas generales para que los jueces del país (federales y del fuero común) contribuyan a garantizar a las víctimas de tortura y delitos vinculados acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño mediante la judicialización de sus casos.

Extender la acción de la justicia

Los juzgadores federales tienen la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, y consecuentemente les corresponde adoptar una postura asertiva para combatir la tortura, sostiene el documento, el cual busca extender la acción de la justicia no sólo a los delitos relacionados con la tortura, sino también a conductas activas y omisivas de participación y encubridoras imputables a agentes colaterales, subordinados o superiores jerárquicos de quienes se ensucian las manos.

Se trata de disminuir la brecha apuntada favoreciendo la investigación de los casos de tortura y otros delitos asociados, sin invadir funciones propias de la procuración de justicia, subraya el texto.

Plantea el protocolo que la sanción efectiva de los hechos de tortura tiene que ver directamente con el combate a la impunidad como obligación del Estado.

La sanción a la tortura y los malos tratos debe realizarse de manera eficaz, con severidad proporcional a la gravedad de los delitos y sin demoras injustificadas; el castigo debe permitir una reparación efectiva y adecuada, así como una indemnización suficiente.

De febrero de 2012 a la fecha, la SCJN ha publicado seis protocolos orientadores, no vinculantes, para los juzgadores.