Presenta su segundo informe de gobierno en el aeropuerto internacional de Palenque
Prevención del delito, eje de las políticas de desarrollo, señala
Es la entidad con la menor tasa de ilícitos por cada 100 mil habitantes
Inversión de $750 millones en obras de infraestructura
Reclaman agilizar trámites de importación; aseguran que están al borde de la quiebra
PVEM y Panal apoyarán al aspirante del PRI a gobernar Sonora
Morelia, Mich., Amigos y vecinos de Érika Kassandra Bravo Caro, enfermera de 19 años de edad que el sábado pasado fue encontrada muerta con el rostro desollado y huellas de tortura, denunciaron que la joven era acosada y hostigada
por un sujeto al que identifican como integrante de la Fuerza Rural estatal que opera en el municipio de Uruapan. La denuncia comenzó a circular la noche del domingo en redes sociales, donde incluso se menciona que el nombre del supuesto rural es Francisco Manríquez o Francisco Mendoza Manríquez, quien al parecer es originario de Apatzingán. El 2 de diciembre, el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, declaró que no ha recibido información básica de los 100 agentes de la Fuerza Rural que operan en el municipio, por lo que desconoce si están certificados o aprobaron exámenes de control de confianza.
Cancún, QR., Setenta y siete de 125 personas detenidas tras la riña en el bar Dembow, ocurrida la noche del domingo en este centro turístico, fueron liberadas tras pagar fianzas de 3 mil 600 pesos. En la gresca sufrió traumatismo craneoencefálico el agente municipal Víctor Manuel Toledo Alvarado. De los 38 adolescentes que permanecen en el centro de retención municipal, 30 serán acusados por lesiones, ultrajes a la autoridad y corrupción de menores. Entre los detenidos había 18 personas de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría alcoholizados y drogados. El bar fue clausurado por violar el horario de servicio.
Productores de sorgo piden apoyo en Oaxaca
Demandan mantener rondas comunitarias
Estaba en un armario; detienen al implicado y a su actual pareja
Se busca que las víctimas se contradigan para proteger a los responsables, afirma abogado
San Cristóbal de las Casas, Chis., Más de 500 campesinos de unas 60 comunidades de la costa y la sierra de Chiapas marcharon ayer en Tapachula para rechazar la explotación minera y la construcción de presas hidroeléctricas en sus territorios, porque consideran que estas actividades ponen en riesgo su salud y ocasionan daños al medio ambiente. Agrupados en la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero, los manifestantes anunciaron que están dispuestos a bloquear carreteras, a luchar y, si es necesario, pelear a muerte por defender el bienestar de nuestros hijos, abuelos y todos los ciudadanos
con tal de evitar que comience la construcción de las presas hidroeléctricas, prevista para enero próximo. Aseguraron que en Chiapas se han otorgado 120 concesiones mineras, lo que representa pérdida de biodiversidad, contaminación, deforestación, desplazamiento, militarización, asesinatos, cambio climático, enfermedades, trabajo precario, pérdida de soberanía alimentaria, divisiones comunitarias y familiares y robo de minerales
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Cancún, QR., Integrantes de los ejidos de Bacalar, Aarón Merino, Juan Sarabia, Laguna Onn y Felipe Carrillo Puerto, dieron a las autoridades federales cinco días, contados a partir de este martes, para llegar a un acuerdo sobre la indemnización de 97 millones de pesos que les adeudan a 165 de ellos por el uso de sus tierras para la construcción de la carretera Bacalar-Felipe Carrillo Puerto. De lo contrario, advirtieron, comenzarán una serie de protestas que inmovilizarán el estado. El presidente ejidal de Bacalar, Felipe de Jesús Castro Gómez, dijo que luego de una reunión con funcionarios federales en la que pretendían acordar los mecanismos para saldar la deuda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se declaró incompetente para resolver el problema e incapaz de acelerar su resolución, e incluso desconoció la resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordena el pago a los ejidatarios. Ante la postura del gobierno federal, el dirigente anticipó que bloquearán las autopistas Campeche-Quintana Roo, Juan Sarabia-Felipe Carrillo Puerto y todas las que llevan a Cancún. Desde 2010, los 165 ejidatarios afectados interpusieron dos recursos para exigir indemnización. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó que debían pagarles 97 millones de pesos por la afectación de 39.7 hectáreas. La SCT solicitó un amparo, pero le fue negado.