l presidente colombiano, Juan Manuel Santos, decidió ayer la suspensión de las pláticas de paz que su gobierno mantiene desde hace más de dos años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debido a la captura, por parte de esa organización guerrillera, del brigadier general Rubén Darío Alzate y de una abogada, el pasado domingo en Chocó, y de dos soldados que fueron hechos prisioneros en combate una semana antes en Arauca.

l pasado jueves 13 de noviembre, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Zeid Raad al Husein, calificó de profundamente perturbador el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde los pasados 26 y 27 de septiembre.

l pasado 15 de noviembre culminó el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos con la emisión de la sentencia en su audiencia final. Durante tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas (producto, a su vez, de 40 preaudiencias), la participación de cerca de mil organizaciones de diverso nivel incluyó miles de personas, y los casos presentados colocaron en tela de juicio la obligatoriedad de los tratados económico-comerciales y mostraron la abierta violación de los derechos humanos y de los pueblos. Este proceso que refleja la sentencia dio cuenta de que las amenazas y agravios se refieren tanto a violación a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, defensores de derechos humanos, las mujeres o periodistas. Asimismo, se anotó que México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. El derecho, se indicó, ha perdido su papel protector y se convirtió en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de trasnacionales o los intereses de las elites económicas. Muy singular fue la reflexión sobre la política exterior mexicana que se distinguió por mantener una voz propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social y, sin embargo, la realidad interna del país aparece cubierta, ninguna organización externa la tiene en su agenda. Tras una detallada calificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad y del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales violados sistemáticamente, las juezas y jueces del TPP ubicaron cuatro agentes con responsabilidad: El Estado mexicano, las empresas trasnacionales, los terceros estados de origen de las empresas y el sistema de la ONU a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. El TPP resolvió remitir el expediente, dictamen y recomendaciones no solamente a las instituciones de gobierno, sino también, para que actúen en consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones, a las siguientes personas e instituciones: fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Organos convencionales de control de los convenios internacionales de derechos humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la de la Suprema Corte de Justicia, gobiernos de los estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. También se anota entre las recomendaciones a la sociedad civil internacional y nacional la necesaria refundación de México, con una serie de elementos que son ciertamente indicativos pues el tema demanda la más amplia discusión y participación de todas las fuerzas sociales.

o hay razón para minimizar las tendencias autoritarias y represivas de Enrique Peña Nieto ni su propensión a recurrir a la violencia, no como recurso último del poder sino para ahorrarse (Durkheim lo llamaría premoderno) la fatiga de gobernar mediante las leyes y la política. Las demostró con creces en Atenco, las ratificó el 1º de diciembre de 2012 y las ha exhibido en los últimos dos años con encarcelamientos injustificados de dirigentes y activistas y la preservación del margen de impunidad en el que tienen lugar, desde la administración pasada, los excesos y atropellos de las fuerzas del orden y las corporaciones policiales y militares. Las atrocidades de septiembre en Iguala llevaron al Ejecutivo federal a suavizar la represión. Tras la violencia homicida desatada por policías regulares contra estudiantes en esa ciudad guerrerense, los gobiernos estatales y el federal perdieron margen para recurrir a acciones que pudieran hacerlos ver similares, ante la mirada de México y el mundo, a la presidencia municipal de José Luis Abarca. De súbito, el peñato trató de exhibirse pacífico, tolerante y dialogante –el ejemplo más claro es el de las exhibiciones de Miguel Ángel Osorio Chong ante el movimiento estudiantil politécnico– y las autoridades se cohibieron para reprimir frontalmente acciones como la destrucción de edificios públicos en Guerrero y las tomas y bloqueos de carreteras; en ausencia de represión masiva han recurrido a la provocación atomizada.

e procurado poner énfasis en la noción otredad, que Octavio Paz utiliza con frecuencia en su intención tanto de explicar lo disímbolo en los parámetros de una misma cultura o al revés, la concordancia de culturas muy distanciadas temporalmente. Así, la falta de enfrentamiento con otredades matiza las culturas mesoamericanas hasta el momento en que ocurrió la primera gran ruptura, con la conquista. Dos salas de la muestra ejemplificarían en cierto modo esa noción, ambas en el segundo piso de Bellas Artes, con el complemento que ofrecen los murales.