l presidente colombiano, Juan Manuel Santos, decidió ayer la suspensión de las pláticas de paz que su gobierno mantiene desde hace más de dos años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debido a la captura, por parte de esa organización guerrillera, del brigadier general Rubén Darío Alzate y de una abogada, el pasado domingo en Chocó, y de dos soldados que fueron hechos prisioneros en combate una semana antes en Arauca.
En las circunstancias actuales es claro que tanto las acciones de la organización insurgente más vieja de América Latina como las reacciones del mandatario podrían descarrilar en forma grave –y hasta definitiva– el arduo proceso pacificador, iniciado tras una década de ruptura de los contactos entre la guerrilla y las autoridades de Bogotá, y que ha involucrado a Cuba, como país anfitrión, y a Venezuela y Chile en calidad de facilitadores.
Las negociaciones no han sido sencillas, no sólo por la gran cantidad de temas que involucran (planes de desarrollo agrario, participación política de los insurgentes una vez desmovilizados, suspensión de las causas judiciales contra ellos y formulación de una nueva estrategia antidrogas, entre otros puntos) sino también porque desde un principio suscitaron una virulenta oposición por parte de los sectores más reaccionarios del escenario político colombiano, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, promotor de la liquidación de las FARC por la vía militar y, según diversas versiones, vinculado a los grupos terroristas paramilitares creados para hacer contrapeso a la guerrilla. A ello ha de agregarse que el propio Santos estableció que el proceso se llevara a cabo sin ninguna clase de suspensión o tregua de la confrontación militar.
Esta última condición no sólo conlleva la prosecución de enfrentamientos y combates sino también la toma de prisioneros tanto por el gobierno como por las FARC, las cuales, por su participación en el proceso de paz, adquieren categoría de parte beligerante.
En esa perspectiva, las capturas de militares por parte de la insurgencia no tendrían por qué conllevar suspensión alguna de las negociaciones. Si Santos lo determinó así es altamente probable que ello se haya debido al recibo de intensas presiones políticas por parte de la cúpula castrense y, en el lado civil, por parte de Uribe y sus partidarios, los cuales, desde el inicio del proceso pacificador, no han escatimado esfuerzos para ponerle fin al mismo. En tales circunstancias las capturas efectuadas por los guerrilleros parecen un inexplicable y absurdo regalo al uribismo.
Pese a todo, el proceso de paz en Colombia debe proseguir. En más de medio siglo de conflicto armado esa nación hermana ha perdido a incontables ciudadanos –guerrilleros, militares, policías y civiles no involucrados con ninguno de los bandos–, su población ha sido expuesta a toda suerte de sufrimientos y la destrucción social y material ha sido enorme. Cabe esperar, pues, que ambas partes sean capaces de aportar gestos de buena voluntad –esto es, que las FARC liberen a los prisioneros referidos y que Santos se avenga a retomar los contactos, en ambos casos sin condiciones previas–; que el diálogo avance y fructifique en acuerdos y que la patria de Gabriel García Márquez alcance lo antes posible la paz que su gente merece.
