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Número 214
Jueves 1 de Mayo
de 2014
Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER
Directora general
CARMEN LIRA SAADE
Director:
Alejandro Brito Lemus
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Polimnia Romana Sierra Bárcena
Comercio legítimo del cuerpo
El pasado mes de abril, la asambleísta del Partido de la Revolución Democrática Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó una iniciativa de derogación de los artículos de la Ley de Cultura Cívica del DF que sancionan la prostitución, basada en un amparo obtenido por colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales de la ciudad de México.
¿Por qué es importante reconocer al trabajo sexual como trabajo no asalariado?
En la Constitución, el artículo 5 dice que todos los trabajos, mientras no afecten a una tercera persona, pueden ser realizados por cualquier persona mayor de edad de manera libre. Esto implica que la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del DF es inconstitucional al sancionar como falta administrativa la prostitución.
Otra razón es que una ciudad con políticas innovadoras y a favor de las libertades no debe hacer a un lado a las personas que deciden libremente dedicarse a intercambiar trabajo sexual de manera remunerada. Muchas personas intercambian algún servicio a cambio de una remuneración. Entonces, en un contexto de libertades, no se puede decir qué trabajo es legal y cuál no.
Si se restringe, se genera un mercado negro cuya característica es la clandestinidad. Esto provoca que las y los trabajadores sexuales tengan que esconderse. Al hacerlo, la situación se presta para que no puedan exigir que el cliente utilice un condón o deben cuidarse de cualquier agresión. También, las hace vulnerables a la extorsión, violaciones e incluso asesinatos.
¿Se generarían muchos cambios?
Al reconocerse que el trabajo sexual es como cualquiera, quienes lo ejercen podrán gozar de su derecho a la libre asociación y a la seguridad social, aspirar a tener un negocio establecido y muchas otras garantías como el cese de la extorsión.
En realidad, esto es el principio. Hay que ir más allá de los juegos moralinos. Por un lado se tacha a las trabajadoras sexuales y por otro lado hay una gran cantidad de acoso contra las mujeres en los espacios públicos, escolares y laborales. Se ve a la mujer como un objeto, pero no quieren que sea un objeto legal con derechos. El cambio sería dejar de ver a la mujer como un objeto que está a disposición de cualquiera. La mujer puede hacer con su cuerpo, cuando ella lo decida, lo que quiera, por su voluntad y no por que otros la fuercen.
¿Esta propuesta no se puede confundir con un obstáculo en la lucha contra
la trata de personas?
Más bien es parte de la lucha contra la trata. Si no se diferencia el trabajo sexual de la trata, hay problemas. Hoy en día no se distinguen ambos conceptos y ambas actividades son perseguidas. Esto provoca que las y los trabajadoras sexuales deban trabajar al cobijo de los padrotes y las madrotas para que tengan cierta protección contra los cuerpos policiacos. Dicha situación genera que terminen siendo víctimas de explotación laboral.
Se debe diferenciar de manera muy marcada ambas actividades. Esto lo lograremos garantizando a las trabajadoras sexuales seguridad laboral como todos los demás miembros de la sociedad.
Es momento de darles su lugar. No se puede pretender erradicar una actividad que deriva del derecho de un ciudadano a elegir a qué se puede dedicar. Además, los gobiernos no pueden implementar políticas públicas para trabajadores que aún no son reconocidos como tales.
¿Qué pendientes restan?
Falta garantizar que la mujer reciba el pago que se merece por lo que hace, ya que, como se ha visto, trabaja tres veces más que el hombre y no recibe la remuneración justa por su trabajo.
Además, debe ser reconocido su trabajo. En mucha ocasiones, son jefas de familia y madres solteras. Se debe generar algo más que dar becas. Se deben dejar de dar mecanismos paliativos y se deben diseñar mecanismos interinstitucionales para implementar políticas públicas que ataquen los problemas de raíz y no pongan a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Ojalá y la iniciativa repercuta en otras entidades en materia de derechos humanos y libertades. (Leonardo Bastida Aguilar)
S U B I R |
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