La legislación secundaria que permitirá poner en marcha la reforma energética deberá estar aprobada en el próximo periodo de sesiones, ya que en la propia Constitución se establece un plazo de 120 días naturales a partir de ayer, en que entraron en vigor las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna por las que se da entrada al capital privado en áreas estratégicas para el aprovechamiento de los hidrocarburos.

Ello significa que las cámaras de Senadores y Diputados tendrán de plazo hasta abril de 2014 para alistar y aprobar unas 16 leyes reglamentarias, que permitirán establecer el esquema de contratos de riesgo que se otorgarán a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de petróleo y gas, así como para la refinación de hidrocarburos y para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Durante la promulgación de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a remitir en enero al Congreso las leyes secundarias que, según lo establece el artículo cuarto transitorio, resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones contenidas en el decreto publicado el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación.

Ese mismo artículo cuarto transitorio señala que el Congreso debe regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo o de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación”.

Se tiene que legislar también antes de abril para establecer que los contratos que se darán a las petroleras extranjeras se otorguen a través de mecanismos que garanticen la máxima trasparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto serán debidamente difundidas y públicamente consultables.

En ese plazo de cuatro meses que se estableció en la reforma constitucional en materia energética, el Congreso debe modificar el marco jurídico, a fin de establecer las nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya que serán las responsables de definir la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser contratadas, así como los permisos para la refinación de petróleo y procesamiento de gas natural.

Asimismo, ambas cámaras deberán crear el andamiaje legal para sustentar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será responsable de administrar y distribuir los ingresos provenientes de la explotación de crudo que lleven a cabo las empresas extranjeras y Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de ayer comenzaron a contar los tres meses –90 días hábiles– que se dan en la reforma a Pemex para que demuestre ante la Secretaría de Energía que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

La Secretaría de Energía decidirá, con base en ello, si adjudica a Pemex las áreas de exploración y definirá de los campos actualmente en producción, cuáles está en capacidad de operar.

El artículo tercero transitorio establece que a partir de la publicación de la reforma, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán un plazo, que no podrá exceder los dos años, para convertirse en empresas productivas del Estado”.

El Congreso estará forzado a aprobar en el próximo periodo de sesiones, que va de febrero a abril, las modificaciones pertinentes a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia del petróleo, ya que a partir de que entren en vigor el presidente de la República dispondrá de un año para emitir el decreto por el que se creará el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

A ese nuevo organismo, Pemex deberá transferir los recursos para que adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ductos y el almacenamiento de gas natural, que en adelante lo llevarán a cabo las empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Igualmente, el Congreso debe modificar la Ley del Servicio Público de Energía Electrica, ya que a partir de que entren en vigor los cambios el Ejecutivo federal tendrá un año de plazo para crear el Centro Nacional de Energía, que será el encargado del control operativo del sistema eléctrico, al que CFE debe transferir los recursos para su funcionamiento.