n las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron ayer, sin debate y con artimañas impresentables, un dictamen de Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal que vulnera gravemente las libertades y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, particularmente los de reunión, expresión y libre tránsito, y se contrapone con ordenamientos legales ya vigentes en la capital de la República.

a corta visión de la elite mexicana definirá en esta semana, y para su vergüenza histórica, el escaso grado de la gobernanza y el injusto desarrollo del país que provocarán sus propaladas reformas. El bienestar colectivo se convertirá en sinónimo de estéril sueño y la inseguridad resultante empujada por la desigualdad hará nugatoria toda la retórica modernizadora del oficialismo. La ausencia de grandeza de los dirigentes sólo tendrá parangón con las desatadas ambiciones de negocios que, unos cuantos, ya sienten al alcance de una votación amañada en el Congreso. La llamada reforma energética es, por completo, la exhibición descarada de las pulsiones entreguistas de la elite dominante. La apertura será total, cínica y dañina para los intereses nacionales. La industria energética, sin resguardo alguno, quedará sujeta a las apropiaciones del gran capital interno y trasnacional. No habrá salvaguarda ante el inminente saqueo por venir. Exploración, perforación, generación eléctrica, transporte y trasmisión, refinación y mercadeo al consumidor final quedarán en las avarientas manos de unos cuantos beneficiarios ya bastante conocidos. Los traficantes de influencia no tendrán reposo ni llenadera. Irán de oficina en palacio mostrando, sin pudor alguno, sus talegas de favores, la sofisticada tecnología que nunca compartirán, los castigos a opositores, los sobornos estilizados y capital disponible.

os datos apuntan hacia que a las minorías religiosas en México les son vulnerados sus derechos. No como una tendencia general ni en la mayor parte del territorio nacional, pero sí en ciertas zonas del país. El número de casos y la violencia acontecida en algunos tendría que encender las luces rojas en personas y organizaciones interesadas en que todos los derechos sean para todo(a)s.