os datos apuntan hacia que a las minorías religiosas en México les son vulnerados sus derechos. No como una tendencia general ni en la mayor parte del territorio nacional, pero sí en ciertas zonas del país. El número de casos y la violencia acontecida en algunos tendría que encender las luces rojas en personas y organizaciones interesadas en que todos los derechos sean para todo(a)s.

En el año que está por terminar son tres las entidades en que ha tenido lugar el mayor número de casos de intolerancia contra minorías religiosas: Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Casi en su totalidad los hostigados han sido protestantes/evangélicos. Pero también está el caso de la colonia Puebla, en Chenalhó, Chiapas, donde la comunidad católica señala como su perseguidora a la mayoría protestante, compuesta principalmente por presbiterianos.

En Chiapas, de acuerdo con la recopilación informativa realizada por la Coordinación de Organizaciones Cristianas, existen más de 50 casos en los cuales los agredidos son evangélicos/protestantes. El número de agresiones y su intensidad violenta aumentó significativamente durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. El gobernador Manuel Velasco Coello tiene un año en el poder y, a decir de los afectados y sus representantes, solamente ha respondido con mesas de negociación entre las partes en conflicto, pero sin solucionar los casos en favor de quienes son afectados en su derecho de elegir y practicar la creencia religiosa de su preferencia.

También el Centro de Derechos Humanos y Tolerancia Miguel Caxlán ha intensificado envíos informativos sobre persecuciones contra minorías religiosas. Dicho centro lleva por nombre el del líder protestante chamula que fue violentamente asesinado el 24 de julio de 1981. Sus victimarios fueron los caciques tradicionalistas de San Juan Chamula, que sintieron amenazados su idea de comunidad e intereses por Miguel Caxlán y las florecientes congregaciones evangélicas tzotziles que él encabezaba.

Acaba de hacerse público un reporte sobre el estado de la libertad religiosa o de creencia en México, elaborado por Christian Solidarity Worldwide (CSW). Esta organización internacional defiende la libertad de conciencia de las personas, tengan o no preferencia religiosa. El documento está disponible para los interesado(a)s en la página de CSW. Ahí está un resumen ejecutivo y el reporte completo.

Los casos en los que CSW concentró su estudio están localizados en cinco entidades del país: Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Guerrero. Como antes dije, es en las tres primeras donde hay más violaciones al derecho de libertad de creencia y culto. El común denominador hallado por el organismo es la negación de las autoridades municipales, estatales y federales a resolver conforme al marco normativo de la nación mexicana los derechos regateados y las persecuciones padecidas.

Es en algunos municipios de los estados en los que enfocó su interés CSW donde los alcaldes y/o delegados municipales no pocas veces hacen causa común contra las minorías religiosas. Acusan a éstas de contravenir la armonía comunitaria al negarse a dar cooperaciones para festividades religiosas identificadas con el catolicismo romano. Quienes restringen los derechos argumentan que las cooperaciones son obligatorias y en nada contravienen la libertad de creencias. Por su parte el grupo que se niega a las mencionadas contribuciones trata de persuadir a la mayoría al afirmar que la obligatoriedad vulnera tanto la libertad de culto como su conciencia, ya que no comparte la identidad que hace una simbiosis entre un credo religioso y la pertenencia civil a la comunidad general.

En la parte final del reporte CSW concluye que mientras los gobiernos estatales y federal no son generalmente responsables directos de perpetrar violaciones graves a la libertad religiosa, sí es su deber asegurar que los derechos consagrados en la Constitución mexicana sean respetados a todos los ciudadanos. La separación Estado-Iglesia(s) no exenta al primero de responder con efectividad al incumplimiento de sus propias leyes, incluso cuando los delitos son cometidos bajo el pretexto de proteger creencias religiosas tradicionales. De la misma manera, el derecho a defender la propia cultura no puede ser usado como una excusa para vulnerar derechos fundamentales, o tomar ventaja, de integrantes individuales de la comunidad. Es obligación del Estado asegurar que la ley sea practicada y garantizada en cada parte de México, desde el Distrito Federal a los más remotos Altos de Chiapas y Oaxaca.

Parece que se cumple uno más de los múltiples aforismos acuñados por Carlos Monsiváis en México el Estado es laico, pero bastante distraído, y no se fija en los métodos que suprimen las herejías. Por distracción, por incapacidad o por connivencia con los agresores, en muchos casos el Estado ha sido omiso para proteger los derechos de los perseguidos, permitiendo la vulneración a un principio rector de la laicidad: el de la libertad de cultos y la organización libre de las personas para manifestar su elección religiosa. Basta de exhortaciones, nada más, pero nada menos, hay que aplicar las leyes que tantas luchas históricas costaron.