on la novedad de que en su desaforada urgencia de concretar la desnacionalización petrolera y eléctrica, el Ejecutivo federal, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, primera, del Senado de la República, los legisladores panistas, más los priístas que los apoyan y los bufones verdes, se pasaron por el arco del triunfo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por ellos mismos promovida y aprobada.

Resulta que en su artículo 18 tal legislación ordena lo siguiente: las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Además, el Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Casos concretos son la iniciativa de reforma energética enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto la que, sobre el mismo tema, presentó el Partido Acción Nacional, y el dictamen elaborado por las citadas comisiones (con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía), el cual, sin más, fue aprobado por los senadores tricolores y blanquiazules, más los que hacen suculentos negocios verdes. Y en ninguna de las iniciativas citadas ni en el dictamen de referencia se incluyó –obligación legal– la evaluación sobre el impacto presupuestario que tendrá la desnacionalización petrolera y eléctrica que entre todos ellos cocinaron.

Y no se trata de un asunto menor, porque con tal evaluación podría medirse el tamaño y profundidad del agujero fiscal que tal desnacionalización provocará en las finanzas públicas, dependientes en extremo del ingreso petrolero: entre 35 y 40 centavos de cada peso presupuestal proviene del oro negro y de éste depende en buena medida el futuro económico del país. Pero al Ejecutivo, a la citada empresa blanquiazul, a los legisladores y a las referidas comisiones se les olvidó incluir la evaluación sobre el impacto presupuestario, ergo, violaron la ley.

El asunto fue destapado ayer en el pleno senatorial por el legislador Manuel Bartlett, quien a nombre de su partido y de otros presentó una moción suspensiva del dictamen de reforma energética y denunció la abierta violación legal cometida por los cocineros de la desnacionalización petrolera y eléctrica. Se trata, detalló el poblano, del impacto fiscal, del impacto económico de las dos empresas más importantes del país que van a ser fraccionadas y prácticamente desaparecidas, y sus ingresos van a ser modificados.

Bartlett añadió: cómo es posible que no exista una sola mención a la economía de la desnacionalización energética, que significa, nada más de entrada, entre el 35, 38 y a veces el 40 por ciento del presupuesto nacional. Y también los ingresos de la segunda renta nacional (CFE). Cómo podemos aprobar algo que no conocemos. Es un salto al vacío económico. Es lo más grave que pudiera presentarse y no se ha analizado. Se está aceptando una serie de elementos que van a actuar brutalmente en contra de la economía nacional y no hay un análisis del impacto fiscal. Es una obligación legal que estamos incumpliendo. Se trata, nada menos, de la disolución de Pemex y la CFE, las dos rentas nacionales más importantes de México. ¿Qué va a pasar con la economía de este país con la desnacionalización de las empresas principales?.

Obviamente la moción suspensiva fue mandada a paseo, y los legisladores se pasaron por el arco del triunfo las advertencias sobre el citado ilegal. Y sobre aquello de qué va a pasar con la economía de este país tras la desnacionalización de Pemex y CFE, pues la respuesta de los legisladores levantadedos fue que lo único importante para ellos son sus propias finanzas.

En los últimos 13 años Petróleos Mexicanos enteró al erario cerca de 8 billones de pesos (615 mil millones como promedio anual en el periodo), sin considerar las ganancias obtenidas por las filiales extranjeras de la propia paraestatal. En este último caso vale recordar la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, que dice así: “el gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la ASF, durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos que no reportaron al erario…

“… Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso, ya que las empresas no están sujetas a la Constitución ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria. La decisión de Calderón de crear ‘una tesorería falsa’, paralela a la de Pemex permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso” (La Jornada, Andrea Becerril).

Pero bueno, el punto es: ¿de dónde obtendrá el gobierno federal recursos equivalentes a los aportados por Pemex? ¿De qué mágica fuente brotará el dinero público para atender educación, vivienda, salud, empleo y, desde luego, los generosos sueldos y prestaciones que aceitan a los tres poderes de la unión, que pueden ser calificados de todo, menos modestos?

En 1994 el gobierno federal obtuvo alrededor de 179 mil millones de pesos por impuestos, derechos y aprovechamientos aportados por Pemex al presupuesto de egresos de la federación; en 2012 ese monto se incrementó a 903 mil millones, y con la desnacionalización petrolera se desplomará a… nadie sabe, porque al Ejecutivo, a las comisiones unidas y a los legisladores levantadedos se les olvidó realizar el cálculo.

Un elemento que aporta la ASF ayuda a comprender la dimensión de todo esto: en 1985, con MMH en Los Pinos, comenzó a incrementarse la carga tributaria a Pemex, al igual que la proporción de ésta con respecto del PIB, al pasar de 0.1 por ciento ese año a 7.6 por ciento en 2012.

Las rebanadas del pastel

Entonces, desempolven su bola de cristal y hagan sus apuestas para ver si le atinan al tamaño que tendrá el agujero en las finanzas públicas y de qué grueso será la rebanada para los consorcios privados que vienen a salvar a México.

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