En el proyecto de dictamen de la reforma política se propone crear un organismo responsable de los comicios en todo el país, que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE), con nuevas atribuciones y una forma distinta de elegir a los consejeros, que incluye la facultad para que la Suprema Corte los designe en caso de retraso del proceso en la Cámara de Diputados.

También se posibilita la existencia de gobiernos de coalición, se eleva de 2 a 3 por ciento el umbral para obtener y mantener el registro de partidos, se reduce en dos meses la toma de posesión del presidente electo, que a partir de 2018 será el primero de octubre, y se posibilita la relección de legisladores y alcaldes.

Asimismo, se convierte a la PGR en fiscalía autónoma, lo que comenzará a operar en 2018, y su titular será nombrado por el Congreso. La Cámara de Diputados tendrá la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado de ratificar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De igual forma, los diputados deberán ratificar al secretario de Hacienda y los senadores al canciller.

En todos esos temas hubo acuerdo entre las fuerzas política, aunque varios puntos de algunos de ellos quedaron entre corchetes en el proyecto de dictamen, es decir pendientes de discutir y modificar. Es el caso de la relección de senadores, diputados y alcaldes, ya que hay divergencias en cuándo comenzarán a operar.

Sobre los presidentes municipales, de última hora el PAN objetó que la decisión se deje en los congresos locales, ya que en última instancia quedaría a la voluntad de los gobernadores.

Unos de los puntos en que hay más controversia es el referente a las causales de nulidad de la elección. De acuerdo con versiones de senadores de PRD y PAN que participaron en la discusión del proyecto de dictamen, el PRI puso muchas trabas a ese punto.

Si bien se contempla que la elección pueda anularse por rebasar el tope de campaña, tanto el gobierno federal como el PRI insistieron en introducir el factor de determinancia, que es el criterio que utilizaron las autoridades comiciales en 2006 para no anular los comicios, como demandó Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la izquierda.

Las autoridades reconocieron la intervención indebida del entonces presidente Fox y otras irregularidades, pero consideran que no fueron determinantes en el resultado.

Encinas argumentó que con ese factor de determinancia prácticamente no habrá causales de nulidad, ni siquiera cuando haya dinero del crimen organizado para financiar campañas.