Estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reclamaron a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que pretendan hacer una simulación de debate sobre el tema de la regulación de marchas cuando ya aprobaron reformas al Código Penal elevando las penas a los delitos de robo, daño en propiedad ajena, lesiones y homicidio contra agentes de los cuerpos de seguridad durante el desarrollo de manifestaciones públicas.

Lo anterior, en el primer foro La protesta social y las marchas en la ciudad de México, que realiza el órgano legislativo sobre el tema en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.

Universitarios de diferentes colectivos, como El Tribuno Popular, pegaron junto al acceso al recinto un cartel para pronunciarse en contra de la iniciativa que presentó el PAN en el Senado para regular las manifestaciones, a la que compararon con el Decreto Supremo 1086 instalado en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile para disolver las protestas.

En dicho cartel advierten que como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México expresamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal federal que contenía el tipo penal de disolución social, fue leído a los legisladores por un estudiante, con el compromiso del diputado del PRD Alejandro Robles Gómez, de considerarlo en las propuestas que se recaben en los cinco foros que se realizarán.

En este primero participó el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, en representación del Partido del Trabajo, quien lamentó la ausencia del senador del PAN Javier Lozano Alarcón –que estaba programado para presentar la postura de su partido–, a quien estaba dirigida parte de su exposición, al considerar el colmo del cinismo de dicho instituto político, pretender restringir el derecho a la libre manifestación cuando sus acciones en 12 años gobernando el país, como la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, generaron un clima de malestar social tal que era imposible no salir a manifestarse.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, reiteró que el órgano legislativo carece de facultades para emitir normas en esa materia y que su ámbito de su competencia se limita a algunos ordenamientos locales como la Ley de Transporte y Vialidad y la ley que regula el uso de la fuerza pública.