Familiares de Jorge Mario González García, detenido tras las marchas del pasado 2 de octubre, denunciaron que aun cuando el joven cumplió ayer 50 días en huelga de hambre, como forma de protesta para obtener su libertad ante la falta de pruebas, se volvió a diferir la audiencia de su caso, lo que, de acuerdo con reportes médicos particulares, compromete seriamente su salud.

En conferencia de prensa, Patricia García Catalán, madre del joven acusado de ataques a la paz pública, denunció que la titular del juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Ángeles Arrieta, durante la audiencia del pasado martes sostuvo que si su hijo caminaba “es que entonces no le pasaba nada.

Siguen desestimando la salud de mi hijo, sin que los procesos legales sean eficientes y le permitan recuperar su libertad, explicó.

Guillermo Naranjo, abogado del joven, dijo que en la audiencia de esta semana los policías que lo acusan tenían que presentarse a declarar, pero ,como no lo hicieron, el desahogo de pruebas sigue detenido.

Este 26 de noviembre de 2013 de nueva cuenta se tendría que llevar a cabo la segunda audiencia para Mario; sin embargo, los policías que lo acusan directamente no se presentaron a declarar por segunda ocasión, alargando aún más el proceso jurídico y agravando la situación de salud en la que se encuentra el compañero. La juez Marcela Ángeles Arrieta difirió la audiencia de una manera poco ética y negligente, hasta el 10 de diciembre próximo, expresó.

Asimismo, denunciaron que el pasado 22 de noviembre las autoridades decidieron trasladarlo al hospital general Torre Médica de Tepepan, donde en la actualidad se encuentra sin ingerir alimentos, aunque le han tomado fotografías posadas con comida en la mano, explicó Patricia García.

Aseguraron que se trata de un ejemplo de la política represiva implementada por las autoridades locales y federales en contra de la juventud, los movimientos sociales y las clases sociales más desfavorecidas en México.

Este hecho, asegura, es una muestra de la persecución, la criminalización, las detenciones ilegales y la tortura realizada por los cuerpos policiacos de esta ciudad, así como del precario sistema encargado de la impartición de justicia”.

La defensa del joven llamó a las autoridades a acelerar el proceso para que, a falta de evidencias en contra de su cliente, el Ministerio Público se desista de las acusaciones del delito, que no es considerado grave y por el que el resto de sus compañeros sí obtuvieron su libertad bajo caución.