a Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) determinó reservar hasta por tres años la información sobre el proceso de selección de los candidatos a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el cual culminó el pasado 5 de noviembre con el nombramiento de Perla Gómez Gallardo al frente de ese organismo. La instancia legislativa capitalina canceló así la posibilidad de que la opinión pública conozca información trascendente de dicho proceso, como el número y nombre de las organizaciones que apoyaron a cada uno de las y los candidatos a la CDHDF –uno de los criterios ponderados durante la selección–, así como las calificaciones obtenidas por cada uno de los 29 aspirantes al cargo.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF argumentó que la reserva de la información mencionada se debe a la existencia de una demanda de amparo vigente en contra de la convocatoria, la decisión es por principio impresentable en la medida en que con ella el órgano legislativo local se muestra reacio a transparentar ante la opinión pública una de sus deliberaciones de mayor relevancia para la institucionalidad capitalina, contraviene su mandato de fungir como instancia de representación popular y se coloca en una suerte de clandestinidad.
Semejante pretensión de ocultamiento sería indefendible en cualquier ámbito; en el caso del relevo al frente de la CDHDF, dicha resolución contribuye además a enrarecer un proceso de por sí inmerso en la desconfianza y la opacidad: desde las resistencias del Legislativo local a hacer pública la metodología de evaluación para seleccionar al sucesor de Luis González Placencia, hasta las denuncias por la presunta intervención del Gobierno del Distrito Federal en el proceso.
Tales antecedentes magnifican el impacto negativo de la decisión adoptada ayer por la ALDF, en la medida en que ponen en entredicho la autonomía institucional del Legislativo local y lesionan la de la propia CDHDF. Lo anterior es una mala noticia para la sociedad capitalina en general, habida cuenta de que la credibilidad e independencia con que se ha venido desempeñando la CDHDF en años recientes han sido elementos consustanciales del avance registrado en la ciudad capital en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como en materia de respeto a la diversidad sexual, la equidad de género y la justicia social.
Sería particularmente indeseable que los vicios observados en el proceso de selección de la nueva ombudsman local terminen por volverse un lastre en el desempeño de las funciones del órgano que encabeza, y que ello redunde en un estancamiento o, peor aún, en un retroceso en materia de derechos humanos en la ciudad capital.
Cabe esperar que los diputados locales recapaciten sobre la decisión anunciada ayer y que se conduzcan, en lo que respecta al episodio referido, de conformidad con el principio de máxima transparencia; de lo contrario, estarán alentando una pérdida de credibilidad sumamente grave para el conjunto de las instituciones del Distrito Federal y del país.
