El pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), dijo en torno a las aprehensiones del 1º de diciembre: es obvio que hay muchos inocentes detenidos y quizás los verdaderos culpables de los desmanes no están presos; no es justo que se procese a inocentes, por lo que si no hay pruebas suficientes, ante la duda es mejor liberarlos. Añadió en entrevista: es lamentable que dos administraciones, la local y la federal, empiecen con estas dudas tan grandes en procuración de justicia. Estamos en contra de actos de violencia, pero existe la sospecha de que todo fue premeditado. Confraternice está a favor de que la gente ejerza sus derechos constitucionales, que si lo considera participe en marchas y protestas, pero sin afectar a terceros, estas son libertades consagradas en la Carta Magna, y añadió que la petición es que se investigue a fondo, se deslinden responsabilidades y se descubra a los autores intelectuales de lo ocurrido. No es creíble que los vándalos hayan actuado solos”.

La postergación del congreso nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) originó ayer opiniones encontradas entre dirigentes de ese instituto político, pues mientras para algunos, el aplazamiento no es más que una muestra de la falta de espacios para la discusión y reflexión interna, para otros, es una señal de que se avanza en limar asperezas entre las corrientes enfrentadas por la firma del Pacto por México.

Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), llamó a PRI, PAN y PRD, así como al Ejecutivo federal, a incluir en el Pacto por México dos ejes rectores indispensables: soberanía alimentaria y economía social en el medio rural. Al clausurar los trabajos del Consejo Nacional de Dirigentes, también anunció que la CCC se mantendrá vigilante de los efectos y resultados que se desprendan de dicho pacto; señaló que si bien los sectores productivos del país, como el campesino, no fueron considerados directamente para la firma de dicho acuerdo, debe pugnar porque los temas del agro, como la tenencia de la tierra, las reservas naturales y la propiedad ejidal sigan en manos de los campesinos. Aparte, la directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, Cecilia García, consideró urgente que la Cámara de Diputados haga uso del Pacto por México signado recientemente y garantice por medio de las bancadas legislativas del PRI, PAN y PRD una distribución equitativa del presupuesto destinado al campo mexicano, donde la mujer y el indígena no queden de nuevo en el olvido. Explicó que para el programa especial concurrente del agro se requiere un monto superior a 325 mil millones de pesos.

La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de uniformar el Código Penal representa para los derechos de las mujeres un arma de dos filos. De acuerdo con integrantes de colectivos feministas, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, dicho código unificado no podría ir a la baja en las garantías individuales, sino que tendría que partir del modelo de código que establezca los mayores derechos y libertades para dicho sector, pues de lo contrario podría ser considerado inconstitucional.