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Televisa, con capacidad para dañar o encumbrar a políticos; Peña Nieto, ejemplo, señala

Corrupción y duopolio de tv, retos para México, dice Freedom House

El costo de las corruptelas para ciudadanos y empresas en el país equivale a 9 por ciento del PIB

La guerra contra el narco, factor fundamental en el deterioro de la gobernabilidad, indica

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De acuerdo con el informe de Freedom House, cada año la corrupción representa un costo para ciudadanos y empresas de poco más de un billón 404 mil millones de pesos. En la imagen, una obra suspendida cuya autorización se obtuvo sin que reunieran los requisitos para iniciarlaFoto Francisco Olvera
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 7

La corrupción en México tiene número. Cada año representa un costo para ciudadanos y empresas por un billón 404 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), reveló un reporte elaborado por Freedom House (FH), una organización no gubernamental que cita datos del Banco Mundial. El combate a la corrupción se mantiene como un enorme desafío, estableció el informe publicado una semana después del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de extracción priísta tras 12 años de administraciones a cargo del Partido Acción Nacional.

La guerra contra las drogas lanzada por el ex presidente Felipe Calderón apenas inició su gobierno en 2006, se convirtió en el principal factor detrás del deterioro de la gobernabilidad en el país. Los mayores grupos criminales, bajo creciente presión gubernamental, no sólo se han enfrascado en luchas feroces, sino que en algunos casos se han fragmentado en organizaciones más pequeñas que han ampliado sus actividades al secuestro, extorsión, prostitución y tráfico de humanos.

El informe de FH, una organización con siete décadas de historia, incluyó el control del mercado de televisión en México por dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, como uno de los principales obstáculos al pluralismo en el país, un oligopolio que históricamente ha mantenido vínculos estrechos con el gobierno.

El modelo privado de medios de comunicación no es un modelo de pluralismo, expuso FH en el apartado sobre México de su reporte Países en la encrucijada. Por el contrario, la concentración de la propiedad y las prácticas monopólicas son unas de las intrusiones primarias en la libertad de expresión.

La organización caracteriza que la televisión en México sigue dominada por dos compañías: Televisa y Televisión Azteca que, aunque no son las únicas en el mercado, sí ejercen control sobre 90 por ciento del segmento de televisión abierta. En adición, 13 grupos empresariales controlan 86 por ciento de las estaciones de radio en el país, abunda el informe.

Televisa en particular ejerce una gran influencia política y financiera y mantiene una posición dominante como moldeador de la opinión pública en México, asegura el informe. La compañía es capaz de dañar las carreras de los políticos que amenacen su dominio; a la inversa, pueden transformar a un candidato favorecido en un político ganador, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México y, desde el 1º de diciembre pasado, presidente del país.

Como rutina, Televisa recurre a la práctica de insertar marcas y propaganda política en su programación mezclando anuncios con entretenimiento de una forma que hace que se confunda la realidad, asegura.

El oligopolio mexicano de los medios históricamente ha compartido una relación cercana con el gobierno. Aunque algunos medios de comunicación, particularmente en el sector de la prensa escrita, muestran un comportamiento vibrante, la expansión de la libertad de los medios es territorialmente desigual. Algunos gobiernos estatales y municipales presionan a los medios críticos con frecuentes auditorías, amenazas de revocar licencias o intimidaciones directas, agrega.

El costo de la corrupción

Freedom House considera que el combate a la corrupción se mantiene como un enorme desafío en México. Cita un reporte de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que trata de documentar prácticas de corrupción en el mundo, según el cual en sólo un año los sobornos representan un costo para empresas y personas equivalente a 2 mil 750 millones de dólares, unos 36 mil 300 millones de pesos. El costo es mayor para los más pobres: aquellos que perciben los salarios más bajos tienen que gastar alrededor de un tercio de su ingreso en sobornos.

Las oportunidades para la corrupción sobre la base de la participación del Estado en la economía siguen siendo significativas, dado el prominente papel del sector público en algunas actividades, de manera más obvia en la industria petrolera, abunda. Menciona que la labor de la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, incluye una supervisión a varias dependencias y programas públicos, aunque su capacidad es insuficiente para hacerlo en todo el aparato público.

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción puede representar para México un costo algo mayor a 9 por ciento del PIB y la puntuación del país en materia de control de la corrupción, de acuerdo con indicadores de gobernanza del propio Banco Mundial, retrocedieron de 50.5 puntos en 2007 a 44.5 en 2010, agrega el reporte de Freedom House.

Actualmente, un punto del PIB equivale a 156 mil millones de pesos. Nueve puntos del PIB, es decir, del valor de la economía mexicana, representan un billón 404 mil millones de pesos.

El informe reconoce que desde 1997 el Servicio de Administración Tributaria, el órgano del Estado encargado de la recaudación de impuestos, ha combatido la evasión fiscal y los actos de corrupción. Todos los funcionarios federales deben presentar una declaración patrimonial, aunque es su elección que se haga pública, añade. A la vez, el país ha ratificado convenios contra la corrupción en el ámbito interamericano, en las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Sin embargo, las denuncias de corrupción entre funcionarios de alto nivel rara vez son investigadas o perseguidas, mientras que los funcionarios de menor rango son algunas veces investigados y castigados, señala.