En Chiapas, los desplazados internos por el conflicto armado y la contrainsurgencia no son reconocidos por el gobierno. Además, la militarización sostenida en la entidad pertenece a los escenarios de la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), a través de la Iniciativa Mérida, e incluye retenes permanentes e itinerantes que violan el derecho a la libertad de tránsito, con particular presencia en la zona fronteriza y el territorio zapatista, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en una evaluación del conflicto.

Siguen militarizadas las comunidades en las zonas de influencia del EZLN (el objetivo a destruir). A ello se suma la implementación de proyectos sociales del gobierno que, junto con organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ONU, han sido cómplices de la contrainsurgencia en este último sexenio, afirma el estudio, aparecido en el nuevo número de Yorail Maya, publicación periódica del Frayba.

El gobierno busca inhibir a los movimientos de resistencia con programas sociales para la división comunitaria, inmovilizando a los pueblos mediante ocupación militar y acciones de autoridades en complicidad con organizaciones de corte paramilitar y grupos ligados al gobierno de Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de golpear a las comunidades en resistencia. Sobre la reactivación de los grupos armados, se identifica un patrón de confrontación directa de organizaciones progubernamentales con historial paramilitar, tal como Paz y Justicia, que agrede a las comunidades del municipio autónomo La Dignidad.

En el curso de los años, las autoridades han negado el desplazamiento a consecuencia de la guerra y la existencia de estos desplazados. Por ende, fue una acción contradictoria y utilitaria que, por iniciativa del gobernador, el Congreso aprobara el 14 de febrero una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, con el apoyo del PNUD, con la intención de atender esta problemática históricamente pendiente, que ha dejado una herida abierta, pérdidas irreparables e impunidad”.

Sin embargo, testimonios recibidos por el Frayba señalan que el PNUD y la Unesco han causado división comunitaria, debido a la continuidad de una política contrainsurgente que impulsan los gobiernos federal y estatal para la confrontación y la exclusión de los desplazados internos y los desplazados-retornados. Así responden las autoridades a la exigencia de estos de una atención bajo los principios rectores del desplazamiento de las Naciones Unidas.

En el Censo de Atención a Desplazados, el PNUD y el gobierno de Chiapas calculan que hay de 24 a 30 mil personas en esa situación. Dicho censo, aclara el Frayba, fue creado por el gobierno con grupos cercanos a él, en realidad solicitantes de tierra con una historia de exclusión y marginación diametralmente distinta a quienes padecieron desplazamiento forzado por la contrainsurgencia del Estado. Las instituciones involucradas buscan tergiversar los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Altos y la selva de Chiapas y mantenerlos impunes.

Entre otros, menciona como desplazados no reconocidos a 170 zapatistas de San Marcos Avilés, 87 de Comandante Abel y varias familias de Unión Hidalgo. Además, cuatro familias de Banavil, 36 personas de Viejo Velasco Suárez –donde en 2006 hubo una masacre–, cuatro familias de Busiljá y una menor secuestrada por paramilitares pesar de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Frayba enfatiza que estos desplazados nunca fueron considerados como tales, y concluye: El desplazamiento interno no es un evento aislado, sino manifestación de la estrategia militar y contrainsurgente aplicada en Chiapas, que vulnera directamente el territorio de los pueblos indígenas.