Número 195
Jueves 4 de Octubre
de 2012


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida vive su peor etapa desde que fue creado en 1988 por decreto presidencial. Veinticuatro años después transita por una crisis de forma y fondo. De forma porque la estructura de esa entidad normativa se ha burocratizado al no lograr alcanzar sus metas de control, tratamiento y disminución de muertes por esa infección viral; por haber disminuido su desempeño como entidad normativa y, sobre todo; por haber perdido liderazgo en el sector salud y entre las organizaciones no gubernamentales con trabajo en sida dentro y fuera del país.
De fondo, la crisis del Censida es todavía más preocupante porque las decenas de miles de personas que en México viven con el VIH ya no son el motor que había hecho de esa dependencia una institución vanguardista con metas dirigidas a procurar el acceso a la salud y a la no discriminación.
Los oficios que hace un mes firmó su actual director, José Antonio Izazola Licea, y que dirigió a los programas estatales de VIH/sida así como a un instituto nacional en los que se atienden pacientes diagnosticados que carecen de seguridad social, son indicadores de que el agua ha derramado al vaso. Y es que en ellos se amenaza con dejar de proveer antirretrovirales a pacientes de primer ingreso como castigo porque, a decir de Izazola Licea, existen médicos que no se rigen por la normatividad de prescribir los antirretrovirales señalados en la guía de atención, lo que no es algo menor. Sin embargo, los documentos, debidamente sellados y rubricados, constituyen una confesión de cómo el jefe del programa nacional ha renunciado a trabajar a favor de quienes son sujetos de su responsabilidad administrativa, mediante la cual, por cierto, recibe un buen salario.
¿Qué dicen textualmente esos oficios? Poco en extensión y mucho en contenido. Luego de advertir que no se están atendiendo los lineamientos médicos en los pacientes que ingresan al tratamiento, sin detallar dónde ni quiénes incumplen dichas directrices, los oficios advierten que: "a partir de la recepción de este comunicado por las autoridades estatales, Censida no enviará medicamento ARV para cubrir a los pacientes que hayan sido integrados con esquemas que no se apeguen a los lineamientos arriba mencionados". Es decir, un castigo para el paciente y cero sanción para quien no aplica los tratamientos correctamente, en caso de que así fuera.
Si bien ya quedó sin efecto la amenaza de este singular servidor público encargado de velar por que no se interrumpa el suministro de antirretrovirales a ningún paciente, es importante subrayar que la marcha atrás de dicha medida ha sido resultado de que los oficios circularon entre activistas, funcionarios y periodistas. Tardíamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, aclaró durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Prevención y Control el VIH/Sida (Conasida) y posteriormente en específico al diario La Jornada (29/09/12), que Izazola Licea se equivocó y se comprometió a que no habría suspensión de tratamientos. Lo hizo tardíamente porque esos oficios fueron copiados a su oficina por el propio remitente, lo cual deja entrever el doble discurso del subsecretario respecto a su ofrecimiento, ya que lo formuló en la sesión del Conasida y luego ante una periodista y no desde el momento en que recibió copia de los oficios, unas tres semanas atrás.
Regresando con el titular del Censida, la facilidad con la cual amenazó con dejar de suministrar antirretrovirales, plantea como pocas veces esa crisis institucional a la que nos hemos referido al inicio, ya que documenta, como nunca antes, el desinterés del servidor público que cincela con sus propias manos la proyección de un funcionario insensible ante las metas del programa de acción a las que está obligado, para cumplir los compromisos internacionales suscritos por el Estado para el cual trabaja.
Por más que se festinen los logros del llamado Seguro Popular y la cobertura universal, la realidad en la que brega la lucha contra el VIH/sida demuestra lo contrario. De pena, vergüenza y también de responsabilidad administrativa. Moral, no. En Censida hace mucho que la moralidad dejó de ser el motor y por ello ahí ni ética, ni compromiso, ni madurez.

____________________________________________

* Periodista, miembro de Salud, Derechos y Justicia, AC.

S U B I R