Oaxaca, Oax. Los gobiernos federal y estatal invertirán cerca de 150 millones de pesos en comunidades de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa –enfrentados por tierras con supuestos ejidatarios y pequeños propietarios de Chiapas– para atender necesidades básicas. En entrevista, después de una reunión con el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez, el jefe de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco Yáñez, dijo que la Federación colaborará con el gobierno estatal para revertir la pobreza y la marginación en la zona oriente de los dos municipios oaxaqueños.

Jalapa, Ver. La empresa Tenerías Company, que pretendía pagar 42 mil 500 pesos de indemnización a cada una de las viudas de los seis trabajadores que murieron el 12 de julio cuando limpiaban una cisterna con ácido sulfhídrico, triplicó la cantidad ofrecida. Enrique Hernández, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en Orizaba, dijo que ante la negativa de las viudas a aceptar el monto inicial, la empresa extendió cheques por 120 mil pesos a cada una, además de pagar los sepelios. Sin embargo, una de las afectadas dijo que aún falta acordar las pensiones.

Alrededor de 100 integrantes de la organización Movimiento Ciudadano de Acapulco marcharon ayer a la agencia del Ministerio Público Federal ubicada en el fraccionamiento Hornos Insurgentes para exigir la liberación de cuatro trabajadores que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo por el caso Ayotzinapa.

Ciudad Juárez, Chih. El juez de tribunal oral Javier Talamates Abe, con sede en el distrito judicial Morelos, liberó a 10 indígenas rarámuris encarcelados por diversos delitos en diferentes prisiones del estado, luego que cumplieron 50 por ciento de sus condenas. Los ahora liberados serán canalizados a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que puedan ser reubicados, si así lo desean, en un nuevo domicilio; además recibirán atención médica gratuita y se les ayudará a encontrar empleos dignos. Los abogados de oficio de los indígenas pidieron previamente al juez el beneficio de remisión parcial de la pena para sus clientes, a quienes evaluó un consejo interdisciplinario integrado por especialistas de las áreas médica, sicológica, siquiátrica, de trabajo social, laboral, disciplinaria y criminológica, el cual recomendó liberar a los 10 condenados. Además, los preliberados estudiaron en la prisión, se integraron a talleres o realizaron trabajos que les permitieron reducir su condena. El Ministerio Público adscrito a estos casos no objetó la preliberación de los sentenciados, Servando Bustillos Rascón, Inocente Cordero Campos, Genaro Cruz Banda, Cándido Luna Pérez, Jorge Palma López, Juan Moreno Araiza, José Carrillo Orpinel, Samuel Batista Díaz, Ricardo Hernández Acosta y Antonio Cruz Flaco.