El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una demanda contra la presidenta municipal de la La Paz, Baja California Sur, Esthela Ponce Beltrán, por desechar “de facto el programa de ordenamiento ecológico local”, en cuya elaboración participaron diversos sectores sociales, académicos, el gobierno estatal y el federal durante más de seis años, con un gasto de casi 2 millones de pesos.

La denuncia señala que la alcaldesa y sus colaboradores no dieron trámite al programa de desarrollo sustentable.

Sin este instrumento se privatiza el desarrollo urbano, ya que no hay manera de reglamentar qué proteger o dónde construir, y el destino del municipio queda en manos de los inversionistas y no de la autoridad, advirtió el CEMDA en un comunicado. Agregó que el programa de ordenamiento no afecta los planes de desarrollo urbano, excusa reiterada por la edil.

Mientras, el gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se opone a la construcción de la presa El Zapotillo, en la región Altos sur de la entidad, obra que según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance global de 45 por ciento y estará lista a finales de 2013.

Con el embalse, promovido por las administraciones federal y estatal, se busca dotar de agua a León, Guanajuato, entre otras ciudades. El principal problema es que inundaría las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos habitantes se oponen a ser desplazados.

Días antes de las elecciones del primero de julio, Sandoval, anunció que haría valer la soberanía estatal, en respuesta a una declaración de José Luis Luege, director de la Conagua, quien dijo que no hay manera de frenar el proyecto.

Según la Conagua, la presa beneficiaría a 2 millones 400 mil personas en León, Guadalajara y 14 municipios de la región de los Altos. Sin embargo, su primera etapa abastecería exclusivamente a un millón 100 mil leoneses.

Con información de Juan carlos García Partida, corresponsal