Monterrey, NL. El vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, señaló que en lo que va del año 48 internos han muerto en penales del estado, incluyendo los siete fallecidos el pasado jueves en el reclusorio de Cadereyta, debido a la rivalidad entre los grupos del crimen organizado en las calles y que han trasladado también a los centros penitenciarios. Señaló que el crecimiento poblacional de 3 por ciento mensual en las cárceles que mencionó el gobernador Rodrigo Medina en su segundo informe de labores, agudiza el problema, lo que implica que se tenga que ingresar a 200 internos en los distintos penales del estado en ese periodo. Precisó que en promedio el sobrecupo de los penales del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta es de 36 por ciento, pero sería muy irresponsable que la autoridad no actuara para capturar y remitir a los reclusorios a quienes incurren en acciones delictivas. A fin de evitar enfrentamientos en los reclusorios, enfatizó, se han reubicacaso este año 400 reos peligrosos en coordinación con autoridades federales. Otra medida que se pretende es que el penal de Apodaca sea federal, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la Secretaría de Gobernación. Dijo que durante la riña del jueves en la que participaron 70 reos, murieron siete y 14 resultaron heridos, ya fueron identificados los fallecidos y en la madrugada del viernes fueron trasladados 27 reos del fuero común, de la cárcel distrital de Cadereyta al penal del Topo Chico.

Morelia, Mich., 14 de octubre. La retención de más de 200 millones de pesos que la Federación hizo al gobierno estatal en días pasado sin explicación alguna, sin duda es un michoacanazo financiero, afirmó Silvano Aureoles Conejo, candidato del PRD a la gubernatura.

Querétaro, Qro. La Comisión Es-tatal de Derechos Humanos (CE- DH) inició de oficio la queja CEDH/22003/2011/PJ para indagar un presunto incumplimiento de la función pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó el ombudsman Adolfo Ortega Osorio. El organismo intervino luego de que la procuraduría rechazó una denuncia que Margarita González Carpio, suboficial de la Policía Federal (PF) en Querétaro, intentó interponer contra su ex pareja sentimental Salvador Cruz Neri, coordinador de la corporación, a quien acusó de violación e intento de homicidio. Primero en febrero, y luego el 24 de septiembre, Cruz Neri acudió al domicilio de González e intentó obligarla a tener relaciones sexuales. La segunda vez la golpeó, amagó con asesinarla y la dejó inconsciente, por lo que la mujer requirió atención médica en el hospital del ISSSTE, hasta donde arribaron elementos de la PF que la amenazaron para que no narrara lo ocurrido. Cuando la agraviada quiso interponer su denuncia ante el Ministerio Público federal le fue negada con el pretexto que se trataba de un delito del fuero local. Intentó interponer su queja en la PGJE, pero también le fue negada por los supuestos lazos de compañerismo con el agresor. La afectada solicitó apoyo del Centro Integral de Atención a las Mujeres, con sede en Cancún, y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, radicada en Chihuahua, mediante las cuales el ombudsman se enteró del caso.