La mayoría de los participantes en la encuesta sobre cultura constitucional 2011 aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 34.3 por ciento, consideró que corresponde a la familia poner los límites en las conductas de los individuos, mientras que 26.3 aseguró que esa es una de las principales tareas de la ley.

Resultados de este sondeo muestran que 90 por ciento de los entrevistados mencionó que se guía poco o nada por las recomendaciones de los ministros religiosos para tomar decisiones importantes en su vida. Además, seis de cada 10 personas encuestadas se dijeron en contra de que un gobernante base sus decisiones en las recomendaciones o sugerencias de su religión.

La segunda encuesta nacional de cultura constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la máxima casa de estudios, revela que ocho de cada 10 entrevistados creen que las personas en el país no están protegidas contra el abuso de la autoridad.

Las conclusiones del estudio, que se aplicó en mayo de este año a 2 mil 208 personas en todo el país y cuyos resultados son 95 por ciento confiables, indican que los encuestados manifestaron que los políticos (23.2 por ciento) y los policías (21.9) son quienes más violan las leyes en el país.

Además, en una escala de cero a 10, los individuos afirmaron que la ciudadanía en general está reprobada en el respeto a las leyes, con 5.65 de calificación.

La figura de un liderazgo que transforme la situación actual de México no es una idea generalizada entre la mayoría de los participantes en este sondeo, pues se consideró inferior la capacidad de un líder para hacer cosas por el país a la capacidad de las leyes para lograrlo. Seis de cada 10 encuestadas dijo que es falso que un líder pueda hacer más por la nación que todas las leyes, contra 33 por ciento que opinó lo contrario.

En lo correspondiente al ámbito de la seguridad, siete de cada 10 creyeron que un toque de queda ayuda en general o en parte a reducir la inseguridad.

Sesenta por ciento de la muestra indicó que corresponde al presidente de la República tomar la decisión de utilizar al Ejército para combatir el narcotráfico, y dos de cada 10 sostuvieron que esa decisión debe ser tomada entre el Congreso y el Ejecutivo federal.

Además, 57 por ciento consideró que en la lucha contra la delincuencia organizada las fuerzas armadas deben actuar bajo el mando militar y 20 por ciento dijo que las órdenes deben ser tanto del orden castrense como del civil.

La necesidad de resolver los problemas de inseguridad pública en México no lleva a los encuestados a estar de acuerdo en que se violen sus garantías individuales. Cincuenta y seis por ciento se dijo nada o poco dispuesto a que se le impida salir a la calle, casi ocho de cada 10 se negó a ser detenido indefinidamente.

Nueve de cada 10 se dijeron poco o nada dispuestos a que se hagan cateos en su domicilio sin una orden judicial; 80 por ciento se opuso a que se suspendan las clases en las escuelas, y dos de cada tres se negó a que sus llamadas telefónicas sean interceptadas.

En comparación con la primera encuesta sobe este temática aplicada por el IIJ en 2003, los resultados de la investigación de 2011 muestran un incremento en el número de personas que se manifiestan en favor de la importancia de que se apliquen las leyes y no exista delincuencia.