Bogotá, 6 de junio. La policía colombiana ocupó 883 bienes con un valor cercano a nueve millones de dólares que pertenecían a los jefes de los grupos paramilitares, con la finalidad de expropiarlos e incorporarlos al fondo para resarcir a miles de víctimas del conflicto armado interno.

El director de la policía judicial, Carlos Mena, informó este lunes que los bienes ocupados, pertenecientes a las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los que se encuentran haciendas, condominios, establecimientos comerciales y vehículos, están ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cundinamarca; en éste último se encuentra Bogotá.

Los bienes estaban a nombre de seis testaferros de Andrés Angarita, quien fue jefe del Bloque Sinú y San Jorge de las AUC, considerado un estrecho aliado de Salvatore Mancuso, principal líder de esa organización paramilitar.

Mena recordó que Angarita fue capturado en 2000 en Panamá y abatido en Medellín en 2006, mientras Mancuso, que entre 2003 y 2006 lideró el proceso de negociaciones entre las AUC y el anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe para la desmovilización de los paramilitares, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por cargos de narcotráfico.

La ley de víctimas, aprobada recientemente por el Congreso y que será firmada el fin de semana por el presidente Juan Manuel Santos, establece resarcir económicamente a las personas afectadas desde enero de 1985 por el conflicto armado interno, así como la restitución de tierras a quienes fueron despojados de sus propiedades desde el mismo mes de 1991.

Las personas que pueden recibir la indemnización son las víctimas de ataques de los actores del conflicto, es decir, los guerrilleros, los paramilitares y los agentes del Estado. Algunos medios estiman que serán unos cuatro millones de colombianos los que obtendrán los beneficios de la ley de víctimas, que tendrá vigencia de diez años.