El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado demandó que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) explique por qué se mantiene en la impunidad el daño patrimonial de más de 3 mil 700 millones de dólares que le provocó la empresa MexLub, con la que se asoció hace 18 años. A nombre de su bancada, el senador Graco Ramírez explicó que el entonces presidente Carlos Salinas abrió la puerta a la participación mayoritaria del sector privado en la formulación del envase y la distribución de lubricantes de grasas y multigrados en territorio nacional, tareas que hasta entonces llevaba a cabo Pemex Refinación. Destacó que de manera ilegal, en 1993 Pemex vendió el equipo, la maquinaria y el uso de sus marcas registradas a MexLub, por un periodo de 20 años, y se obligó a no competir con ella y a incluir en sus contratos de franquicia con las gasolineras una estipulación para comprar y vender en forma exclusiva sus aceites y grasas lubricantes. En 1991 las ventas de Pemex en el sector de lubricantes de automotores representaban 47 por ciento del mercado nacional, y de ese porcentaje 37 por ciento correspondía a comercialización en estaciones de servicio, lo que representaba 225 millones de dólares. MexLub, cuyo vicepresidente, José Antonio Ceballos Soberanes, se convirtió en director de Pemex Refinación y avaló la coinversión, sólo debió pagar 60 millones de pesos, que al final acabó cubriendo Pemex.

El Senado de la República demandó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, que explique en detalle por qué hubo un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos en la dependencia en el tercer trimestre del año pasado, y las razones del gran atraso en los trabajos de construcción y modernización de obras carreteras en Guerrero. Con el aval de todas las fuerzas políticas se aprobó un punto de acuerdo en el que se calificó de inadmisible que esa secretaría no ejerza el presupuesto que se aprobó para infraestructura y caminos rurales. En la exposición de motivos se indica que en 2010 se asignó a la SCT un presupuesto mayor a 80 mil millones de pesos y dejó de ejercer 19.35 por ciento del gasto programado, lo que ocasionó retrasos importantes en la modernización y construcción de carreteras y caminos rurales. Con esas acciones se frena el desarrollo de la economía y la modernización de distintas zonas, además de que se cierra la competitividad al país, se afirmó. Los legisladores insistieron en que es lamentable que ante una imperiosa demanda de obras carreteras y mantenimiento de vías existentes se sigan causando subejercicios, cuando la población, ahora más que nunca, necesita acceder a un mejor nivel de vida.